El transporte colectivo urbano pide una ley de financiación

Las empresas gestoras de los transportes urbanos colectivos reclaman una Ley de Financiación de los Transportes Públicos que les permita planificar sus recursos y estiman que las arcas públicas podrían ahorrarse anualmente cerca de 300 millones de euros, un 6 por ciento sobre el coste del sistema de transporte, cifrado en 5.000.

Así lo explica Jesús Herrero, director general de ATUC, la asociación que reúne a todas las empresas prestadoras de estos servicios, que considera que este dinero se reintegraría en el propio sistema para ofrecer un mejor servicio.

Señala Herrero, que España es el único país de la Unión Europea que no cuenta con una ley de financiación del transporte público, lo que impide que una ordenación racional de los recursos, puesto que no está establecido que parte de los costes deben soportar las corporaciones locales, las comunidades autónomas y el Estado, ya que se trata de un servicio subvencionado en un 50 por ciento, mientras que el resto lo pagan los usuarios.

No obstante, las medidas sociales adoptadas por cada corporación las paga ella misma, como ocurre con las reducciones de precio en los billetes o abonos para las personas mayores, jóvenes o parados.

Presupuestos a ciegas

"Con el actual sistema, los ayuntamientos desconocen las cifras que el Estado va a reflejar en los Presupuestos Generales del Estado hasta finales de año, cuando los presupuestos municipales tienen que estar elaborados antes. Por ello, la clave está en una planificación a medio y largo plazo para que las empresas sepan con antelación con qué financiación cuenta el sistema", afirma el director general de ATUC.

La situación provoca despilfarros con infraestructuras ahora en desuso o costes de mantenimiento muy superiores al beneficio que reportan, como el tranvía de Vélez Málaga, cuyos vagones están a 17.000 kilómetros de su destino inicialmente pensado, en Australia.

Cataluña ya dispone de una ley de financiación en la que se diferencian costes de funcionamiento y de financiación de las infraestructuras. Para ello, se exige contar con una valoración de las actuaciones a realizar que incluyan la valoración económica, social y ambiental desde la construcción hasta el final de la vida útil del proyecto.

La norma busca fomentar la coordinación, accesibilidad e intermodalidad entre los servicios de transporte público y recoger el apoyo a la intermodalidad y a la integración tarifaria. También prioriza la utilización de fuentes de energía renovables y combustibles de bajas emisiones contaminantes, en cumplimiento de la normativa comunitaria, e introduce una fiscalidad específica para financiar el sistema.

Lo mismo ocurre en Londres, donde en 2003 se implantó el Congestion charge, un peaje urbano aplicado a los vehículos privados por acceder al centro de Londres.

Mientras, en París se ha impuesto la Versement Transport, una tasa que pagan las empresas con más de nueve trabajadores. También se paga en otras ciudades francesas con más de 10.000 habitantes.

En España el transporte urbano está transferido a las comunidades autónomas, pero no así asuntos como la calidad del aire, cuyas políticas dirige el Estado. Así, los ayuntamientos deben disponer de un plan urbano de movilidad sostenible, en los que entre otras razones, los autobuses tienen que cumplir ciertos estándares, para recibir las subvenciones.