La Fundación Impuestos y Competitividad pide mejoras en las normas

Las cláusulas antiabuso dificultan la gestión de los riesgos fiscales por las compañías, en especial tras el establecimiento de la responsabilidad fiscal de los consejos de administración de las sociedades cotizadas respecto del diseño de la política de control y gestión de riesgos fiscales, según se afirma en el informe de la Fundación Impuestos y Competitividad, titulada Cláusula general antiabuso tributaria en España: propuestas para una mayor seguridad jurídica.

La lucha contra la elusión fiscal provoca una proliferación normativa de cláusulas antiabuso a nivel internacional, en el contexto del Plan de acción para evitar la erosión de bases imponibles y el desvío de beneficios (BEPS), impulsado por la OCDE y Bruselas, con el objetivo de lograr que se tribute donde se genera la capacidad económica y evitar supuestos donde sin infringir la ley se obtienen ventajas fiscales indeseadas.

El informe considera que si no se definen de forma clara y transparente las nuevas medidas, el resultado puede llevar a un incremento de la litigiosidad entre las Administraciones Públicas y los contribuyentes, puesto que el uso intensivo de conceptos jurídicos indeterminados, con un margen de apreciación es rechazado por los contribuyentes.

Por ello, aconseja armonizar y coordinar las cláusulas generales antielusión, evitando una excesiva fragmentación sobre qué se entiende por operación abusiva o ventaja fiscal, así como sobre las reglas y requisitos de procedimientos que resulten de aplicación o la pertinencia de llevar aparejada la imposición de sanciones.

Una mayor certidumbre facilitaría -según el análisis- la gestión del riesgo fiscal por los contribuyentes, especialmente las empresas con actividad transnacional.

Tendencia a la calidad

Para lograrlo, el estudio advierte una tendencia favorable a mejorar la calidad tributaria mediante mejoras en la técnica normativa y en la aplicación, junto a una mayor transparencia de la Administración y los contribuyentes.

A este respecto, se formulan diversas propuestas, como repensar el presupuesto de hecho del conflicto en la aplicación de la norma, atendiendo a las tendencias actuales, como la convergencia que en la práctica administrativa y judicial se está produciendo sobre los motivos económicos válidos, rechazando las ventajas de negocios jurídicos que respondan a motivos de ahorro fiscal.

Aboga, también, por incorporar medidas específicas que mejoren la calidad tributaria mediante la estabilidad y transparencia de los criterios interpretativos seguidos por la Administración tributaria, así como otras medidas encaminadas a desarrollar una relación cooperativa entre Administración tributaria y contribuyentes, superando la mera imposición de obligaciones formales.