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Becerril aboga por la Justicia gratuita para los presos en el extranjero

  • La defensora del pueblo exige un refuerzo en la orientanción jurídica de consulados
Foto: Archivo

Ignacio Faes

La defensora del pueblo, Soledad Becerril, pide una regulación que establezca los supuestos para el acceso a la Justicia gratuita a los españoles que residan en el extranjero. Becerril exige, además, la creación de servicios de orientación y asistencia jurídica en los consulados iberoamericanos para atender a esos ciudadanos.

Son las conclusiones del informe que la defensora del pueblo remitió ayer a la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo sobre la situación de los presos españoles que se encuentran en el extranjero. El estudio analiza 224 expedientes gestionados por la Institución en los dos últimos años para mejorar la situación de los reclusos.

La defensora del pueblo reclama que "se refuercen los medios personales y materiales en los consulados que atienden a un mayor número de presos, y que se mejoren los canales de comunicación entre los familiares y las autoridades consulares". Por otro lado, Becerril demanda más mecanismos de ayuda para los españoles en libertad condicional o provisional en el extranjero que no pueden abandonar el país al tener pendientes responsabilidades penales en otros Estados.

"Hay que continuar con los esfuerzos para reducir los tiempos de tramitación de la ejecución de los expedientes de traslado, una vez que han sido aprobados", sostiene la defensora. Sin embargo, la Institución reconoce la labor asistencial y humanitaria que realizan los consulados españoles en el exterior y las organizaciones humanitarias. "Se ha contado con la colaboración de las instituciones equivalentes de los países donde se encuentran los reclusos españoles", indica.

Encarcelados en el exterior

El número de presos españoles en presiones del extranjero llega a 1.716. Perú es el país donde más nacionales están en prisión, con 324. Además, Francia cuenta con 156 reclusos españoles, Colombia con 138, y Marruecos, con 124, según los datos que el Gobierno ha transmitido al Congreso.

Los datos reflejan que el año pasado fueron trasladados a España para 162 ciudadanos para terminar de cumplir sus penas. Según el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, cuatro de cada cinco presos cumplen condena por delitos relacionados con el tráfico de drogas.

En la actualidad, hay abiertos un total de 341 expedientes de traslado a cárceles españolas. De ellos, 246 ya han sido autorizados por el Gobierno y el trámite está pendiente de que los países donde están cumpliendo la condena realicen las gestiones necesarias para poder hacerlos efectivos. El resto de solicitures se encuentran , aún, en la primera fase de intercambio de documentación y aún no han recibido el aval del Ejecutivo, debido a que todavía está pendiente de recibir todos los datos.