Los técnicos de Hacienda (Gestha) valoran que la Audiencia corrobore su querella e investigue la amnistía a HSBC

En declaraciones a Efe, Cruzado ha opinado así después de que la Audiencia Provincial de Madrid haya ordenado reabrir el caso contra dos exdirectivos de Hacienda por haber permitido a cientos de evasores fiscales con cuentas en el banco suizo HSBC regularizar su situación en 2010, en lugar de abrir el correspondiente procedimiento de comprobación e investigación.

En un auto, la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Madrid emplaza al Juzgado de Instrucción número 37 de Madrid a admitir la querella presentada por Gestha contra la exdirectora del Departamento de Gestión Tributaria de la AEAT y contra el exdirector del Departamento de Inspección por un supuesto delito de prevaricación administrativa.

Según recuerdan los magistrados, la querella se dirigía contra María Dolores Bustamante, Carlos Cervantes Sánchez-Rodrigo y su superior, Juan Manuel López Carbajo, aunque respecto al caso del último, la Audiencia archiva las actuaciones al no encontrar indicios contra él.

Cruzado ha mostrado su disconformidad por el hecho de que en vez de abrirse un expediente de inspección a los evasores se optó por avisar y permitir la regularización de sus cuentas.

El presidente de Gestha ha subrayado que con ello se les dio una "segunda oportunidad" y se evitaron sanciones graves o delitos fiscales, como en el caso del que fuera presidente del Banco Santander, Emilio Botín.

También ha criticado que ni el Gobierno socialista ni el actual hayan aclarado lo que se hizo con ese listado.

A este respecto, sobre el anuncio el pasado martes del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, de que el Gobierno estudiará si emprende acciones legales contra el HSBC, Cruzado ha indicado que debería haberlo hecho antes.

La decisión de la Audiencia se produce después de que el Juzgado de primera instancia decidió archivar la querella en agosto de 2013 porque, sostenía, debe existir una "resolución administrativa" para apreciar un delito de prevaricación, y la comunicación que enviaron Cervantes y Bustamante para informar a los delegados regionales de cómo proceder con los evasores no cumplía ese requisito.

La Audiencia cree, por el contrario, que sí lo cumple porque esa comunicación fue "un acto administrativo que supone una declaración de voluntad de contenido decisorio y que afecta a los derechos de los administrados o a la colectividad en general".

Consultada sobre este asunto por Efe, la Agencia Tributaria no se ha pronunciado al respecto.

El informático Hervé Falciani es conocido por la lista de presuntos defraudadores fiscales elaborada con los datos a los que accedió entre 2006 y 2008, cuando trabajó en la filial suiza del banco británico HSBC en Ginebra.

Los datos bancarios de miles de contribuyentes con cuentas sospechosas de evasión fiscal fueron detectados, gracias a Falciani, por la Justicia francesa y enviados a los países con los que el estado galo tiene acuerdos en colaboración fiscal, entre ellos España.

Se calcula que en la lista hay 3.000 cuentas del banco HSBC pertenecientes a 659 contribuyentes españoles.