La Unijepol recurre las bases para la plaza de jefe de Policía Local de Parla

El sindicato policial ha denunciado que las bases aprobadas por el Ayuntamiento de Parla exigen a los aspirantes al puesto que ostenten la categoría de subinspector de los cuerpos de Policía Local, que se trata de una categoría superior a la máxima existente en Parla, que solo cuenta con la categoría de oficial, que tiene el exjefe de Policía Eduardo Fernández.

Según Unijepol, solo se exige la categoría de inspector-jefe del Cuerpo Nacional de Policía o empleo de capitán para los miembros de la Guardia Civil, "siendo ambas categorías inferiores en atención al grupo de clasificación, funciones y especialización a la categoría que exigen en la Policía Local".

"La categoría mínima equivalente a los subinspectores de la Policía Local es la de comisario del Cuerpo Nacional de Policía o la de comandante de la Guardia Civil, y no la de inspector-jefe o capitán, como el Ayuntamiento de Parla pretende aplicar", han argumentado.

Por ello, el sindicato policial ha denunciado que "ésta nueva maniobra del Ayuntamiento de Parla responde únicamente a la obsesión por apartar de la Jefatura de la Policía Local al oficial de dicho cuerpo, quien legítimamente ostenta la máxima categoría, y que viene sufriendo una reiteración de actos propios del acoso laboral".

El alcalde de Parla, el socialista José María Fraile, deberá comparecer como imputado en un juicio oral por destituir de forma "irregular" a Eduardo Fernández como jefe de Policía Local en octubre de 2009, por lo que un auto de 2010 dictado por un Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Madrid le obligaba a restituirlo en sus funciones.

Sin embargo, Eduardo Fernández fue readmitido, pero desarrollando otras labores administrativas que no tienen que ver con su antiguo puesto, mientras que un suboficial, Antonio Aguado, fue nombrado subinspector para situarle por encima y ejercer como nuevo jefe de Policía Local.

Desde entonces, Fraile ha declarado como imputado en dos ocasiones (en septiembre de 2010 y de 2012) y el juez dictaminó que pasase de imputado a procesado en octubre de 2012, al no cumplir las sentencias que obligaban a restituir a Eduardo Fernández, lo que consideró como "indicios fundados de prevaricación".

Eduardo Fernández fue destituido con base en un expediente que un juzgado obligó a cerrar solo tres meses después y desde entonces siempre ha sostenido que fue amenazado, desterrado a un despacho y sometido a acoso laboral.