Empleo niega la relación del cese de un subdirector general con el caso Aneri

Durante la Comisión de Empleo de la Asamblea de Madrid, Herrero ha recalcado que el puesto de subdirector es de libre designación y un puesto de confianza del que el antiguo subdirector fue destituido por una "pérdida paulatina de confianza".

Herrero ha indicado que la Consejería no tiene "nada que ocultar" al respecto y indicado que la salida no se produce por un hecho puntual vinculado al caso Aneri, lo que ha negado "tajantemente", y "ni mucho menos" por su declaración a la Policía sobre este caso.

Según la directora general, la decisión de cesar a esta persona se arrastraba "desde hace muchos meses antes" de conocerse este caso y no se produjo hasta que no existió un relevo.

Además, ha indicado que tendría "poco sentido" decir que el cese se debió a la colaboración con la Policía, cuando la dirección general de Empleo colaboró con la policía judicial y facilitó la documentación requerida.

Además, según Herrero, la Comunidad de Madrid ha puesto a disposición de la Policía los resultados e investigaciones adicionales sobre este posible fraude.

Según Herrero, la unidad de la policía judicial adscrita al juzgado número 9 ha "alabado por escrito" la colaboración de la dirección general, por lo que la "tesis" de la falta de colaboración "no se mantiene".

Herrero ha pedido que se diferencie el momento en que la Comunidad de Madrid inició los expedientes para reclamar el importe a las empresas de formación por falta de justificación de los cursos -junio de 2013-, del momento en que supo de un posible fraude por la apertura de diligencias previas este año por las que se citó para comparecer como testigo al hoy exsubdirector.

La director general ha argumentado que fue en la primavera de 2013 cuando la Consejería de Empleo detectó la ausencia de documentación de justificación de los cursos y que en ese momento abrió 28 expedientes para la revocación y reintegro de las ayudas.

Herrero ha indicado que, en ese momento, Empleo no tenía "pruebas" de que esa falta de documentación pudiese constituir un posible delito.

Después de tener conocimiento este año de esa hipótesis al abrirse diligencias de investigación judicial tras la denuncia de una asociación empresarial, ha agregado, ella misma acudió "personalmente" a la Policía a llevar la documentación requerida y otra adicional.

En concreto, ha indicado, el martes 4 de marzo presento y explicó a la Policía la documentación específica requerida y otra que "iba más allá" fruto de las investigaciones que la Consejería había realizado.

La diputada del PSM María José Navarro ha considerado que es "evidente" la "responsabilidad" de la Comunidad de Madrid en la falta de control de este caso, así como la "descoordinación" entre las direcciones generales de la Consejería de Empleo.

El diputado de IU Joaquín Sanz ha destacado la gravedad de este caso, más allá de las informaciones periodísticas sobre este caso, y ha reclamado que se informe a la Asamblea de Madrid sobre el mismo.

Desde UPyD, Juan Luis Fabo ha indicado que no le cuadran las fechas que la directora general ha aportado sobre el momento en que tuvo conocimiento de las irregularidades y ha preguntado si se reunió en octubre de 2013 con el empresario Alfonso Tezanos -detenido ayer- para tratar este caso.

El diputado del PP Eduardo Oficialdegui ha instado a que se cumplan los procesos legales vigentes si ha habido irregularidades y ha defendido un modelo con "cheque formación" en el que el trabajador sea el "dueño y gestor" de su formación en lugar del sistema actual.