El copago en Justicia, en vigor pese al rechazo de las asociaciones judiciales

La polémica Ley de Tasas Judiciales, que introduce alzas que van desde los 50 hasta los 750 euros al acudir a los tribunales, se encuentra en vigor desde hoy. El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicaba ayer el texto definitivo de una norma que ha pasado por su trámite legislativo -con carácter de urgencia- con el único apoyo del Partido Popular, y que cuenta con la oposición de un amplio sector del ámbito judicial.

A pesar de que la norma se encuentra oficialmente vigente, habrá que esperar a que Hacienda publique los formularios de autoliquidación de las tasas para que los nuevos precios se apliquen. A partir de ese momento, el coste del ejercicio de la potestad jurisdiccional oscilará entre los 100 y los 1.200 euros, si bien las actualizaciones no serán iguales en todos los casos.

Los incrementos más duros, de 600 euros, se producen en los recursos de casación y de infracción procesal en el Orden Civil, así como en el recurso de casación en el Orden Contencioso-Administrativo. Además, iniciar un monitorio -proceso ideado para la reclamación de deudas vencidas y exigibles, muy utilizado en el tráfico mercantil- costará el doble que hasta ayer (100 euros frente a 50) y solicitar un concurso necesario pasará a tener un coste de 200 euros frente a los 150 anteriores.

El punto clave de la reforma

Y es que, el punto clave de la reforma reside, precisamente, en la introducción de las personas físicas en la lista de quienes se encuentran sujetos al pago de las tasas judiciales, hasta ahora exentos. En cualquier caso, los beneficiarios de la asistencia jurídica gratuita no tendrán que abonar estas sumas. ¿Qué casos eran gratis y ahora se deberán pagar tras la reforma de tasas?

Del mismo modo, el Orden Social, que no contaba hasta hoy con tasa alguna en ninguno de sus niveles, pasa de un coste cero en el recurso de suplicación a un total de 500 euros. El precio de recurrir en casación experimenta un alza aún mayor, al llegar hasta los 750 euros. Eso sí, el coste de iniciar un procedimiento ordinario y demás modalidades procesales, así como del monitorio en el ámbito social, seguirá siendo nulo.

Directo al Constitucional

Como era previsible, el copago no ha sido bien recibido por un gran espectro del sector judicial, que ya ha criticado duramente la medida. Precisamente, la Comisión Interasociativa de Jueces y Fiscales, que aglutina a las principales asociaciones de magistrados y fiscales, se reunieron ayer y acordaron "aunar esfuerzos" para que se declare la inconstitucionalidad de la Ley. Además, agradecieron al PSOE que haya anunciado también su intención de recurrir la norma ante el Constitucional ya que, aseguran, "vulnera la igualdad de todos los españoles y el acceso a la tutela judicial efectiva".

Y es más, los Colegios de Abogados han mostrado su apoyo a las reivindicaciones de los magistrados, cuyos representantes han anunciado la celebración de concentraciones de jueces para el próximo viernes 23 de noviembre ante el Ministerio de Justicia y todas las sedes judiciales.

Por su parte, tanto abogados como procuradores que esperaban la inminente publicación de la Ley en el Boletín Oficial del Estado, con su consecuente entrada en vigor, llevan días trabajado a todo gas para presentar sus pleitos en los juzgados exentos aún del pago judicial.

Como ejemplo, el decanato de Málaga informó ayer de que la presentación de pleitos se viene observando desde la pasada semana, pero que desde el pasado lunes, ha llegado a ser el doble de lo usual. También los juzgados vascos se vieron ayer "desbordados", al recibir muchas más demandas de lo habitual para evitar el pago de las nuevas tasas judiciales.

Busca reducir la litigiosidad

Desde Justicia se justifica la medida como una "revisión" del sistema vigente desde 2002 y una fórmula para "evitar la litigiosidad artificiosa que actualmente satura los juzgados y los tribunales". El argumento es que el número de asuntos que entran en los tribunales cada año dista del resto de países en el ámbito europeo.

Además, Justicia ha indicado que las tasas abonadas por los ciudadanos no irán a parar a las arcas del Estado, sino que estarán destinadas a sufragar la Justicia Gratuita. La recaudación correspondiente a los depósitos se empleará en la modernización de la Justicia.