El Poder Judicial advierte de que la reforma urgente anunciada por PSOE y Podemos no respeta la separación de poderes

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó ayer que la tramitación urgente y sin audiencia de ningún tipo de la reforma que limita sus funciones no respeta las exigencias del principio de separación de poderes.

El acuerdo no ha sido unánime, ya que han votado a favor 16 consejeros (con todos los vocales elegidos por el PP y cuatro por el PSOE) y en contra otros cinco (designados por PSOE e Izquierda Unida), que han anunciado la formulación de un voto particular discrepante.

Con su propuesta, presentada en diciembre de 2020, PSOE y Unidas Podemos (UP) persiguen que el CGPJ no pueda realizar nombramientos de altos cargos de la judicatura una vez expirado su mandato, de modo que sus competencias se limiten a trámites ordinarios.

Los dos partidos ya presentaron en octubre del pasado año otra proposición de ley que contemplaba reducir las funciones del CGPJ, así como rebajar la mayoría por la que se elige a los doce vocales del turno judicial, que pasaría de tres quintos a mayoría absoluta.

En el texto de acuerdo de ayer, el Pleno del CGPJ explica que ha tenido conocimiento de que la Mesa del Congreso de los Diputados acordó, en su reunión de 13 de enero, tramitar por el procedimiento de urgencia la Proposición de Ley Orgánica para limitar las funciones del CGPJ cuando se hayan superado los plazos para su renovación, al tiempo que ha habilitado lo que quedaba del mes de enero para acelerar aún más dicha tramitación.

Caso omiso a las solicitudes

Dice el Pleno, que lamenta profundamente que el órgano de gobierno del Congreso haya hecho caso omiso de la solicitud que le dirigió el 17 de diciembre de 2020 para que esta proposición se sometiera a los informes del CGPJ y de la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho (Comisión de Venecia/Consejo de Europa) y diera audiencia a todos los agentes afectados por la reforma; en particular, a las asociaciones de jueces y fiscales, así como a las demás entidades representativas e instituciones públicas del ámbito de la Justicia.

Explica que estas peticiones, fruto de un amplísimo consenso en el Consejo, no eran más que un recordatorio de los principios y requerimientos que derivan del Derecho de la UE e inspiran la actuación del Consejo de Europa para preservar la independencia judicial.

Cabe recordar a este respecto, que tres de las cuatro asociaciones profesionales de jueces: Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y Foro Judicial Independiente (FJI) han lamentado públicamente la proposición de ley presentada por PSOE y UP, señalando en una nota conjunta que este último movimiento deja en evidencia el "juego político" al que está sometido el órgano de gobierno de los jueces. Además, estas tres asociaciones recabaron más de 20.000 firmas para reclamar que se despolitice "ya y de verdad" el (CGPJ). Unicamente, la Asociación de Jueces y Juezas para la Democracia se ha mantenido al margen.

"Su desatención por la Mesa del Congreso de los Diputados, sin ofrecer razón alguna, preocupa especialmente al CGPJ. Y no, precisamente, porque entienda que la relación entre órganos constitucionales demanda una mínima explicación de la negativa a acceder a lo solicitado", añade el texto.

El Pleno manifiesta que lo que le importa es que la decisión de la Mesa privará al debate parlamentario sobre la reforma promovida y a la ciudadanía del conocimiento y valoración del parecer cualificado y jurídicamente fundado de instituciones creadas exprofeso por las normas de más alto rango para garantizar la independencia judicial.

Además, denuncia que orilla la opinión de las asociaciones y entidades representativas del mundo judicial, así como de las instituciones con competencias en Justicia.

Por estos motivos, el Pleno señala que se ha visto en la obligación de solicitar, desde el más profundo respeto a la autonomía parlamentaria, la reconsideración del acuerdo de la Mesa del Congreso de los Diputados, al afectar directamente a una de sus principales funciones, ?eliminándola durante la situación de prórroga del mandato- que el artículo 122 de la Constitución Española le reserva con carácter exclusivo para garantizar la independencia de jueces y magistrados-.

Así, exige al Congreso que le consulte. Estima que la falta de audiencia, no sólo desconoce el papel del CGPJ como garante de la independencia judicial, sino que le impide pronunciarse sobre la adecuación de la reforma propuesta a los principios constitucionales y a los estándares europeos, basados en el principio de separación de poderes.

Indica, asimismo, que la decisión. de la Mesa del Congreso no da oportunidad al CGPJ de informar sobre la incidencia de la norma proyectada "en el correcto funcionamiento de la Administración de Justicia por la falta de cobertura de vacantes en el Tribunal Supremo y de las presidencias de Audiencias y Tribunales Superiores de Justicia y de sus Salas".

Y, finalmente, instan a los grupos parlamentarios a alcanzar un acuerdo que permita reformar con consenso el CGPJ.

Los resultados de la votación

El acuerdo ha sido aprobado con los votos del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes; y de los vocales Roser Bach, José Antonio Ballestero, Mar Cabrejas, Ángeles Carmona, Victoria Cinto, Nuria Díaz, Juan Manuel Fernández, Rafael Fernández Valverde, Vicente Guilarte, Enrique Lucas, Carmen Llombart, José María Macías, Juan Martínez Moya, Gerardo Martínez Tristán y Wenceslao Olea.

Los vocales Álvaro Cuesta, Clara Martínez de Careaga, Rafael Mozo, Concepción Sáez y Pilar Sepúlveda han votado en contra del acuerdo y han anunciado la formulación de un voto particular discrepante.