Bruselas lleva a España ante la Justicia, lo que facilitará reclamar por la 'plusvalía municipal'

La Comisión Europea llevará a España ante el Tribunal de Justicia de la UE por las normas españolas sobre compensación por los daños y perjuicios causados por el Estado, al considerar que es contraria al Derecho de la Unión, ya que incluye condiciones casi imposibles de cumplir por los ciudadanos. Estas medidas, por ejemplo, dificultan la reclamación por las perdidas sufridas por el cobro de la 'plusvalía municipal'.

Para recurrir la responsabilidad del Estado por una normativa anulada por la Justicia Europea, como ha sucedido en el caso de la 'plusvalía municipal' en España es preciso no solo que haya una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea por la que se declare que ese acto legislativo español vulnera el Derecho de la Unión; sino que, además, la parte perjudicada debe haber obtenido, en cualquier caso, una sentencia firme por la que se desestime un recurso contra la decisión administrativa que causó el daño.

Pero esto no es todo, la parte más complicada para poder solicitar la reparación económica del Estado es que el ciudadano debe haber alegado expresamente la infracción del Derecho de la Unión durante dicho procedimiento de recurso. Lo que supone dar por supuesto que el TJUE anulará la legislación en un futuro.

Bruselas considera que la normativa española limita la autonomía procesal y sustantiva de los Estados miembros al establecer las condiciones de responsabilidad en caso de infracción del Derecho de la Unión.

Según la jurisprudencia consolidada, estas condiciones hacen excesivamente difícil la concesión de indemnizaciones por parte del Estado por infracciones del Derecho de la Unión y, por tanto, violan el principio de efectividad.

En segundo lugar, las normas españolas establecen condiciones menos favorables en lo referente a la responsabilidad del Estado derivada de una infracción del Derecho de la Unión que en el caso de la responsabilidad fruto de infracciones de la Constitución Española. Se trata de una violación del principio de equivalencia.

España se enroca

A raíz de las denuncias recibidas sobre determinadas disposiciones españolas que regulan la compensación por daños y perjuicios causados por actos legislativos contrarios al Derecho de la Unión, la Comisión Europea inició un procedimiento de infracción el 14 de junio de 2017, al considerar que estas disposiciones infringen los principios de efectividad y equivalencia.

En su respuesta a la carta de emplazamiento de la Comisión de 2017, las autoridades españolas consideraron que el sistema de responsabilidad del Estado era conforme con el Derecho de la Unión.

Dado que esta respuesta no era satisfactoria, el 26 de enero de 2018 la Comisión emitió un dictamen motivado en el que reiteraba sus argumentos.

Las autoridades españolas respondieron el 26 de marzo y enviaron una respuesta complementaria el 21 de diciembre. Se produjeron más contactos e intercambios entre las autoridades españolas y la Comisión, pero hasta la fecha no se ha logrado ningún avance.

Por lo tanto, la Comisión ha decidido llevar a España ante el Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 258 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).