Los juristas alertan de graves desajustes en la reforma de la Justicia

Cuatro juristas de reconocido prestigio han analizado la reforma de la Justicia en una jornada organizada por AMMDE, en la que se ha puesto de manifiesto que no es el momento de reformar el Estatuto de la Fiscalía y que introducir la idea de eficiencia en el servicio público de Justicia es un error.

La Administración de Justicia española atraviesa un momento de fuerte tensión institucional, marcado por reformas legislativas que han encendido las alarmas entre juristas, magistrados y fiscales.

Las recientes propuestas del Gobierno, orientadas a aumentar la eficiencia del sistema judicial y a modificar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, han sido objeto de severas críticas por parte de destacados operadores jurídicos, que advierten sobre el riesgo de desnaturalizar los principios constitucionales de imparcialidad, independencia y tutela judicial efectiva.

Así, se ha puesto de manifiesto en la I Jornada Mujer y Justicia, organizada por la Asociación Multisectorial de Mujeres Directivas (AMMDE), en la que el fiscal del Tribunal Supremo Fidel Cadena ofreció una visión profundamente crítica del rumbo actual de la Justicia en España. A su juicio, se está imponiendo una lógica de "eficiencia y agilidad" en detrimento del valor esencial de la Justicia como función de Estado.

Especialmente polémica le resulta la propuesta de trasladar la instrucción penal al Ministerio Fiscal, reforma que considera inoportuna, precipitada y carente de garantías institucionales.

"No es el momento. No se puede avanzar en una transformación estructural de esta magnitud sin una verdadera paz institucional, sin asegurar previamente la independencia del Ministerio Fiscal tanto desde el punto de vista estatutario como orgánico", ha advertido Cadena, citando a San Ignacio de Loyola: "en tiempo de desolación no hagáis mudanza".

Cadena ha explicado que el Fiscal forma parte del Poder Judicial, aunque sin ejercer funciones jurisdiccionales, y que su papel en la promoción de la acción de la justicia "es absolutamente básico".

No obstante, ha cuestionado la conveniencia de otorgarle la instrucción en un momento en que el Fiscal General del Estado se encuentra imputado por un presunto delito de revelación de secretos, en una causa que insinúa afinidad con el Poder Ejecutivo. "Esta circunstancia erosiona la percepción de independencia del Ministerio Público", ha advertido.

Desde una perspectiva doctrinal, Cadena ha recuperado la tesis del penalista alemán Klaus Roxin, para quien el derecho procesal penal actúa como "sismógrafo de la vida democrática".

La independencia de los órganos de instrucción no es solo un principio interno del Estado de Derecho, sino una exigencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ha insistido en la necesidad de blindar a fiscales y jueces frente a cualquier interferencia política.

Una reforma preceptiva del Estatuto

En este sentido, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en un informe emitido en diciembre de 2024, coincide en que una eventual instrucción por parte del Ministerio Fiscal sólo sería viable si va precedida de una reforma profunda del Estatuto Orgánico, que garantice su autonomía institucional y su desvinculación efectiva del poder ejecutivo.

Cadena ha propuesto medidas concretas para que se pueda proceder a la reforma: que el Fiscal General del Estado sea elegido entre fiscales con al menos cinco años de antigüedad; que el informe del CGPJ para su nombramiento sea preceptivo; y que se refuercen los órganos colegiados, como las Juntas de Fiscales de Sala, para resolver controversias internas, blindando así la "independencia ad intra" del Ministerio Fiscal.

"Mejor sería que no existiera posibilidad alguna de instrucción desde el Gobierno al Fiscal, salvo para impulsar actuaciones positivas en la persecución de delitos, nunca para bloquearlas", ha concluido.

La eficiencia en entredicho

El debate no se ha limitado solo a la reforma del Ministerio Fiscal. Otros ponentes que han participado en la jornada de AMMDE han coincidido en la necesidad de alertar sobre el rumbo tecnocrático de las últimas reformas judiciales, centradas en la eficiencia a costa de las garantías procesales y la calidad de las resoluciones.

La exvicepresidenta del Tribunal Constitucional, Encarnación Roca, ha expresado su preocupación por la Ley Orgánica 1/2025 sobre eficiencia procesal y la introducción obligatoria de los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC). Roca considera que esta imposición vulnera la tutela judicial efectiva del artículo 24 de la Constitución al desviar los conflictos hacia soluciones privadas, contractuales y menos garantistas.

"Los ciudadanos pierden: pierden tiempo, pierden dinero y pierden libertad. Se les impone un contrato que se presenta como un mecanismo de recuperación del diálogo. Es una paradoja y una forma de privatización encubierta de la Justicia", ha denunciado la exmagistrada.

Resolver con eficacia al estilo de Napoleón

A estas críticas se ha venido a sumar el magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo Antonio del Moral, quien se ha referido al riesgo de que el sistema judicial pierda su norte ético en nombre de la eficacia. Citando a Napoleón, ha ironizado sobre la prioridad de resolver rápido sin preocuparse por la justicia del resultado.

Como ejemplo, ha señalado el mecanismo de conformidades penales, que permiten cerrar causas sin juicio a cambio de penas menores. "Eso es muy eficiente, pero no es Justicia. Personas inocentes aceptan condenas para evitar el riesgo de una pena mayor", ha dicho.

Ha explicado que el sistema procesal penal, influenciado por el modelo estadounidense, busca que las personas renuncien a su derecho a un juicio a través de conformidades. Para lograrlo, el Estado ofrece beneficios, principalmente en forma de reducción de la libertad o de las penas. Esto implica que si una persona no agota los medios exigiendo su derecho, puede obtener una pena menor (por ejemplo, un año en lugar de dos, o dos años en lugar de cinco).

Por el contrario, ha señalado que "quien exige su derecho a un juicio justo puede llevarse una propina de cuatro, cinco o diez años, lo que significa una pena mayor simplemente por ejercer ese derecho" y ha añadido que la legislación reciente ha extendido las conformidades a todas las penas y ha "insuflado en los operadores de justicia la mentalidad de que cuantas más conformidades, mejor".

Una de las consecuencias más críticas, ha concluido, es que personas inocentes pueden conformarse. Esto ocurre porque son "conscientes de que es mucho mejor apostar por una pena de un año de prisión que siendo inocente arriesgar a una pena de tres años de prisión. Eso es muy eficiente, pero eso no es justicia".

El problema de la ineficiencia en la justicia, ha sostenido, tiene más que ver con "temas presupuestarios que con temas legales". Y mencionando a Douglas North, premio Nobel de Economía, ha subrayado que una buena justicia es el principal motor del desarrollo económico, mientras que una "injusticia previsible, eficaz", repercute negativamente. Y citando a Napoleón, quien priorizaba la rapidez en la resolución de disputas sobre la exactitud de la propiedad.

Del Moral ha advertido que "esa obnubilación por la eficiencia no puede hacernos olvidar que esa aspiración que luego no alcanzamos del todo, pero que es una aspiración que toda persona tiene de alcanzar justicia".

El magistrado ha apuntado también que el problema real de la ineficiencia reside en factores presupuestarios y no tanto en el diseño legal. Por ello, ha reclamado una inversión sostenida y una comprensión de la justicia como motor de desarrollo económico y garantía de seguridad jurídica, y no como un servicio meramente logístico.

Terminología legislativa muy burda

La notaria y registradora Ana Fernández Tresguerres, desde su perspectiva como notaria y registradora, ha ofrecido una crítica profunda a la nueva Ley de Eficiencia Procesal. Ha criticado su "falta de elegancia iuris" (cualidad de un lenguaje legal claro, preciso y eficaz, que transmite la intención del legislador de manera sobria) y una "terminología muy burda", como el cambio de "Medios Alternativos de Resolución de Conflictos" (MARC) a "Medios Adecuados de Solución de Controversias" (MASC).

"Cuando los conceptos no se tratan con rectitud, la sobriedad en el lenguaje y luego la interpretación en los tribunales puede ser complicada", ha afirmado la académica. "Se intenta que los notarios y registradores asuman funciones de mediadores, pero su régimen jurídico y su función pública no encajan en absoluto en ese papel. Es un modelo importado, mal adaptado, y que colisiona con nuestras estructuras y con el Derecho de la UE", ha afirmado.

Fernández-Tresguerres ha denunciado la "desconexión y contradicción con el Derecho europeo", señalando que el Derecho europeo "solamente regula la mediación, no regula nada más" en este ámbito, y que la ley española excluye de manera "totalmente absurda" los reglamentos europeos sobre procedimientos ejecutivos y de pequeña cuantía.

Así, ha criticado que la Ley de Eficiencia Procesal "olvida un gran Reglamento (2023/2844, de 13 de diciembre de 2023), que establece requisitos de procedibilidad con un mecanismo digital que es "totalmente incompatible" con el sistema actual que ha nacido del e-CODEX (herramienta para la comunicación en red entre sistemas judiciales de diferentes países en procedimientos civiles, mercantiles y penales), que es la digitalización de la justiciaban mecanismo digital que es totalmente incompatible con este sistema".

Desasosiego institucional

La sensación generalizada entre los juristas participantes ha sido de desasosiego institucional. La Justicia, coinciden en afirmar, no puede someterse a los ritmos de la política ni a la lógica de la eficiencia administrativa. Reformar sí, pero desde la estabilidad, el consenso y el respeto a los fundamentos del Estado de Derecho. Sin ello, las reformas podrían no solo resultar ineficaces, sino contraproducentes.

El mensaje es claro: no es el momento, ni la forma, ni el contexto adecuado para reformar estructuras tan sensibles como la instrucción penal o la resolución de conflictos. Los pilares de la Justicia no se mueven en tiempos de tormenta.