El administrador de una petrolera condenado a prisión por estafar simulando contratos con Conocophillips y Cepsa

La Audiencia Provincial de Castellón ha condenado, en sentencia de 7 de mayo de 2025, con penas de prisión a un presunto empresario, administrador de una sociedad dedicada al negocio petrolífero, por estafa y falsedad documental. Además, deberá indemnizar con 61.615 euros a un representante de una sociedad de inversión, víctima de los hechos.

El caso se remonta a 2018, cuando el ahora condenado, al frente de una empresa dedicada a productos petrolíferos, convenció al inversor de su solvencia y experiencia. Bajo esta imagen logró que la sociedad financiera firmara contratos de préstamo por 85.000 euros, destinados supuestamente a anticipar facturas de suministro de combustible.

Para generar confianza, el condenado prometió que las operaciones estaban respaldadas por una póliza de Crédito y Caución, que nunca se formalizó ni se pagó. El dinero recibido no se usó según lo pactado ni se devolvió en su totalidad.

En septiembre de 2018, el condenado por estafa buscó un préstamo de 300.000 euros, alegando que lo necesitaba para adquirir una licencia de la multinacional estadounidense Conocophillips para comercializar petróleo. Con el objetivo de dar credibilidad, presentó una solicitud falsa atribuida a la compañía.

Asimismo, fabricó otro documento falso que, según él, procedía de la multinacional española Cepsa (ahora Moeve) y llevaba la firma falsificada de su jefe de compras. En ese documento, se certificaba la capacidad financiera de la petrolera española para adquirir un millón de barriles de crudo, aunque Cepsa no tuvo relación alguna con estos hechos.

El ponente, el magistrado Domínguez Domínguez, considera probada la estafa y la falsedad documental. La sentencia impone seis meses de prisión y multa por la primera estafa, y diez meses y dieciséis días de prisión más multa por la segunda, asociada a la falsificación.

Además, debe pagar 61.615 euros, suma ya consignada en el tribunal, al quedar la deuda cubierta. La cantidad reclamada inicialmente era de 76.615 euros, pero devolvió previamente 15.000 euros. La empresa del condenado responde como responsable civil subsidiaria.

La resolución se dictó tras un acuerdo entre el Ministerio Fiscal, la acusación particular y la defensa, alcanzado antes del juicio. Esteban aceptó el pacto, por lo que la sentencia fue pronunciada 'in voce' y quedó firme al renunciar las partes a cualquier recurso.

El Sala ha concedido la suspensión de las penas de prisión, condicionada a que Esteban no cometa nuevos delitos durante los tres años siguientes a la notificación de la resolución.