Miguel Ángel Vázquez Taín (Consejo de Economistas):"No se debe tratar igual el fallo puntual de buena fe que la actuación con ánimo defraudatorio"

Es economista y profesor titular en la Universidad de Santiago de Compostela, Miguel Ángel Vázquez Taín, ha sido elegido nuevo presidente del Consejo General de Economistas de España (CGE). Actualmente es decano-presidente del Colegio de Economistas de La Coruña y presidente del Consejo Gallego de Economistas.

Su propósito es fomentar la colegiación y la integración profesional, así como adaptar la organización a los retos derivados de la transformación del ejercicio profesional, como son los retos de las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial y la legislación cambiante y exhaustiva.

¿Qué prioridades se ha marcado para esta nueva etapa al frente del Consejo? ¿Continuará la línea de su antecesor o introducirá cambios significativos en el enfoque del Consejo?

Mi prioridad fundamental es consolidar al Consejo General de Economistas como un actor clave en el ámbito económico, no solo como referente técnico y profesional, sino también como una voz autorizada en el debate público y en la construcción de políticas. Continuaremos muchas de las líneas iniciadas por mis predecesores, especialmente en lo referente a la interlocución institucional y la formación, pero introduciremos una mayor proactividad, especialmente en la defensa de la profesión y en la utilidad directa para los economistas. Nuestro objetivo último es situar al economista como un profesional imprescindible en la toma de decisiones estratégicas a los diferentes niveles de la sociedad, y que el Consejo sea una plataforma eficaz para esa visibilidad e influencia.

¿Qué papel debe jugar el Consejo en la interlocución con las Administraciones Públicas y el legislador?

El Consejo General de Economistas debe desempeñar un papel activo y estable como interlocutor técnico, cualificado e independiente ante las Administraciones Públicas y el legislador. No somos un actor político, sino una institución intermedia con legitimidad profesional y capacidad para aportar análisis rigurosos, visión económica y propuestas viables. En un entorno regulatorio crecientemente complejo, es esencial que las leyes se diseñen con base técnica y previsión de impactos. Desde el Consejo, contribuimos a ello a través de informes, propuestas normativas y el trabajo constante de nuestro Servicio de Estudios. Nuestra interlocución se ejerce desde la responsabilidad, el rigor y el compromiso con el interés general.

¿Qué medidas tiene previstas para fortalecer la relación del Consejo General con los diversos colegios territoriales que lo conforman?

Uno de nuestros principales objetivos es fortalecer los vínculos entre el Consejo General, los colegios territoriales y los profesionales colegiados. Para ello, impulsaremos un modelo de gobernanza más abierto, basado en el diálogo permanente y la participación efectiva de los colegios en las decisiones estratégicas. Reforzaremos la oferta formativa y de acreditaciones y mejoraremos la comunicación directa con los colegiados. La digitalización, la cercanía y la utilidad serán los pilares de esta nueva etapa, en la que pretendemos ayudar a los economistas a afrontar desafíos clave como la transformación digital, la inteligencia artificial o la creciente complejidad normativa.

¿Qué reformas proponen para mejorar la estabilidad normativa?

La estabilidad normativa tributaria es fundamental para garantizar la seguridad jurídica, fomentar la inversión y facilitar el cumplimiento voluntario. Desde el Consejo General proponemos dos reformas clave: en primer lugar, limitar el uso de la vía urgente, a través de los decretos leyes para tramitar las normas fiscales, garantizando procedimientos transparentes, con consulta pública y memoria económica. Y, en segundo lugar, que se evalúe el impacto económico de las reformas tributarias antes de su aprobación. Menos cambios, mejor diseñados y técnicamente solventes: ese es el camino hacia un sistema fiscal más estable, predecible y eficaz.

¿Considera el Consejo que el actual modelo de financiación autonómica requiere una reforma profunda? ¿Se ha calculado el coste de asumir un modelo similar al cupo vasco para Cataluña? ¿Y un café para todos?

El actual modelo de financiación autonómica está agotado: es opaco, genera desigualdades y no responde a la realidad actual. Desde el Consejo General consideramos imprescindible una reforma profunda basada en cuatro principios: suficiencia financiera, equidad interterritorial, corresponsabilidad fiscal y lealtad institucional. El modelo del cupo no es extrapolable fuera del marco foral; extenderlo a otras comunidades generaría tensiones políticas y un importante coste presupuestario. Tampoco es viable un "café para todos" que ignore las diferencias reales entre territorios. La reforma debe partir de los costes efectivos de los servicios, considerando la realidad demográfica y territorial, y establecer mecanismos de nivelación claros, predecibles y técnicamente justificados. Se necesita un debate riguroso, basado en datos y con altura de miras.

¿Qué opinión les merece la aprobación de normas fiscales vía enmiendas legislativas?

Desde el Consejo General venimos alertando del deterioro del procedimiento legislativo en materia fiscal. La aprobación de normas tributarias mediante enmiendas introducidas en fases finales, sin debate ni análisis de impacto, vulnera los principios de seguridad jurídica, transparencia y buena regulación. Esta práctica impide a contribuyentes y asesores fiscales conocer con antelación las reglas del juego, dificulta la planificación y genera una litigiosidad creciente. Además, merma la calidad técnica de las leyes, al introducir disposiciones que en ocasiones hasta tienten fallos de redacción o contradicciones normativas. Reivindicamos un proceso legislativo ordenado, participativo y sujeto a evaluación ex ante y ex post.

¿Cómo ven la eliminación del sistema de módulos para autónomos? ¿Qué alternativa sería más equitativa y eficaz?

El sistema de módulos ha cumplido una función útil en el pasado, pero resulta cada vez menos adecuado en una economía digital y con mayor capacidad de control fiscal, hay que recordar que España es el único país europeo que tiene este régimen especial. Su eliminación debe abordarse de forma progresiva, pacífica y acompañarse de un régimen simplificado basado en ingresos reales, con umbrales de protección para los pequeños autónomos y herramientas digitales que faciliten el cumplimiento. Ello debe completarse con medidas de formación y acompañamiento para mitigar el impacto sobre los colectivos más afectados por el cambio.

¿Cuáles son las propuestas clave del Consejo para reforzar la lucha contra el fraude fiscal?

La lucha contra el fraude fiscal debe basarse en un equilibrio inteligente entre control y prevención. Proponemos reforzar los recursos humanos y tecnológicos de la inspección, pero también fomentar el cumplimiento voluntario mediante información clara, detección temprana de errores y una atención más personalizada. Es prioritario mejorar la trazabilidad de las operaciones con instrumentos como la factura electrónica, avanzar en la interoperabilidad de datos entre administraciones y fortalecer la cooperación internacional contra la evasión. Internamente, el exceso normativo y la complejidad generan fraude involuntario. Por ello, apostamos también por la simplificación y la pedagogía fiscal como herramientas estructurales y, por supuesto, por la educación cívico-tributaria desde edades tempranas.

¿Cómo sería el "derecho al error" que proponen, inspirado en el modelo francés del "carnet por puntos"?

El "derecho al error" parte de una premisa clara: no se debe tratar igual a quien comete un fallo puntual de buena fe que a quien actúa con ánimo defraudatorio. Proponemos que determinados errores formales o no dolosos puedan corregirse sin sanción en una primera ocasión, mediante advertencias o requerimientos correctivos. Este enfoque refuerza la confianza entre la Administración y el contribuyente, y fomenta el cumplimiento voluntario. Además, puede incorporar mecanismos de graduación en función del historial fiscal, distinguiendo entre comportamientos reiterados y situaciones aisladas. Es una vía más proporcional, más eficaz y más alineada con una Administración moderna y cercana.

¿Qué medidas plantea para fomentar la simplificación administrativa y la digitalización efectiva en la relación con Hacienda?

La simplificación administrativa y la digitalización deben ir de la mano y orientarse al usuario. No se trata solo de digitalizar formularios, sino de rediseñar procesos para hacerlos más accesibles, eficientes y comprensibles. Proponemos eliminar trámites redundantes, revisar los modelos de declaración y hacerlos más sencillos -el modelo de declaración censal "036" tiene más de 300 páginas- y avanzar hacia una verdadera interoperabilidad entre Hacienda, Seguridad Social, Registro Mercantil y otras administraciones. Es esencial que el contribuyente no asuma las ineficiencias del sistema. También es prioritario mejorar la experiencia de usuario en los portales tributarios, desplegar herramientas inteligentes de asistencia y garantizar apoyo personalizado, especialmente para pymes y autónomos.

¿Qué beneficios tendría una plataforma única de facturación electrónica para pymes y autónomos?

Una plataforma única de facturación electrónica aportaría grandes beneficios para pymes y autónomos: facilitaría la automatización de procesos contables y fiscales, mejoraría el control interno y permitiría una relación más transparente y trazable con Hacienda. También ayudaría a reducir errores, evitar duplicidades y garantizar el cumplimiento de los plazos. Para la Administración, supondría un avance clave en el control en tiempo real y en la lucha contra el fraude. No obstante, para que funcione debe cumplir tres condiciones: ser interoperable con los sistemas existentes, tener un coste nulo o muy reducido para los pequeños negocios, y aplicarse de forma gradual con apoyo técnico. De lo contrario, puede convertirse en una barrera en lugar de una solución.

¿Por qué consideran urgente la creación de un buzón electrónico unificado para todas las administraciones públicas?

Aunque actualmente existe la Dirección Electrónica Habilitada única (DEHú), una herramienta que facilita el acceso de ciudadanos y empresas a notificaciones emitidas por muchas administraciones públicas, este sistema presenta limitaciones relevantes. La DEHú no actúa como emisor de notificaciones, ni tiene competencias sobre aspectos clave de los procedimientos, como el momento de la emisión, los interesados destinatarios o la obligatoriedad de uso por parte de todas las administraciones. De hecho, organismos como la Agencia Tributaria o la Seguridad Social continúan gestionando notificaciones desde sus propias plataformas de forma paralela, manteniendo así una notable fragmentación.Desde el Consejo General de Economistas consideramos urgente la creación de un buzón electrónico verdaderamente unificado y centralizado, que integre de forma efectiva todas las notificaciones procedentes de las administraciones públicas -estatales, autonómicas y locales- en un solo punto de acceso. Esta medida permitiría reducir significativamente la dispersión actual, mejorar la seguridad jurídica de los contribuyentes, facilitar el trabajo de los asesores y aumentar la eficiencia y transparencia administrativa. Además, se minimizarían los errores formales y se simplificaría notablemente la gestión documental, beneficiando tanto a ciudadanos como a profesionales.

¿Qué impacto tiene la excesiva carga de declaraciones informativas en el cumplimiento voluntario de los contribuyentes?

La excesiva carga de declaraciones informativas genera oposición/frustración, errores involuntarios y un aumento de la litigiosidad. A menudo se exige a los contribuyentes información que ya está en poder de la propia Administración, provocando duplicidades y costes innecesarios. Esta situación afecta especialmente a pymes, autónomos y profesionales, que dedican tiempo y recursos a obligaciones de escaso valor añadido. Desde el Consejo proponemos una revisión integral de estas cargas: simplificar y agrupar modelos, automatizar la transmisión de datos y avanzar hacia sistemas de predeclaración para determinados colectivos. Un sistema fiscal moderno debe apoyarse en la eficiencia institucional, no en trasladar tareas burocráticas al ciudadano.

¿Qué diagnóstico hace el Consejo sobre la transparencia contable y auditora del sector público local y autonómico?

El diagnóstico no es satisfactorio. Aunque se han producido avances en la contabilidad pública, muchas entidades locales no rinden cuentas en plazo o lo hacen con formatos que dificultan el análisis. Persisten importantes lagunas de transparencia sobre el coste real de los servicios públicos, la comparabilidad entre territorios y la evaluación del gasto. Desde el Consejo proponemos reforzar la profesionalización de los responsables contables, armonizar los sistemas de información financiera, generalizar la auditoría externa e impulsar portales públicos normalizados que faciliten el acceso a los datos. Sin transparencia contable, no puede haber una rendición de cuentas efectiva ni una gestión pública verdaderamente evaluable.

¿Qué medidas concretas proponen para mejorar la eficiencia de la Agencia Tributaria, especialmente en el uso de nuevas tecnologías? ¿Ven con recelo el uso de la IA por la AEAT?

La Agencia Tributaria es una institución altamente cualificada y muy bien dotada, pero debe seguir evolucionando para mejorar su eficiencia y adaptarse al entorno tecnológico. Desde el Consejo proponemos impulsar el uso de tecnologías avanzadas para la detección temprana del fraude, la segmentación de riesgos y la mejora de la atención al contribuyente. La inteligencia artificial puede ser una herramienta útil, siempre que se utilice con garantías jurídicas, supervisión humana y transparencia algorítmica. No se trata de frenar su uso, sino de aplicarla con criterios éticos y respeto a los derechos del contribuyente. Además, defendemos mantener canales de atención presencial y telefónica, sobre todo para los contribuyentes más vulnerables en el uso de la tecnología, porque la digitalización no puede excluir a nadie.

¿Cómo ve el futuro del economista en una economía dominada por la inteligencia artificial y los datos?

En una economía cada vez más dominada por la inteligencia artificial, el big data y la automatización, el economista debe ampliar sus competencias y adaptarse a un entorno más exigente. La tecnología está cambiando el "cómo", pero no el "para qué": se necesitarán más que nunca profesionales capaces de interpretar datos, evaluar políticas públicas, anticipar escenarios y aportar criterio económico. Los economistas están llamados a desempeñar un papel clave en la toma de decisiones estratégicas, combinando conocimientos técnicos con visión global, juicio experto y rigor analítico. En este nuevo contexto, la ética, la capacidad crítica y el enfoque sistémico seguirán siendo cualidades humanas insustituibles.

¿Qué papel puede jugar el Consejo General de Economistas como interlocutor técnico en el proceso legislativo y regulatorio?

El Consejo puede y debe ser un actor relevante en la mejora de la calidad regulatoria. No defendemos intereses corporativos, sino el interés general desde una perspectiva técnica. Nuestra aportación se basa en el conocimiento experto y en la capacidad de evaluar el impacto económico, social y fiscal de las normas. Queremos ser proactivos y ser consultados en fases tempranas del proceso legislativo, antes de que las decisiones estén cerradas, y colaborar con el legislador en la mejora técnica de los textos normativos. También podemos actuar como observatorio independiente de la calidad normativa, ayudando a detectar redundancias, incoherencias o efectos no deseados.

¿Qué propuestas tiene para reforzar la formación continua de los profesionales y su adaptación a las nuevas competencias?

Apostamos por un nuevo modelo de formación continua, basado en competencias, especialización y flexibilidad. Queremos ofrecer itinerarios formativos que permitan a los profesionales adquirir y acreditar conocimientos en áreas clave como sostenibilidad, digitalización, análisis de datos, fiscalidad internacional o inteligencia artificial. Potenciaremos las acreditaciones profesionales del Consejo como sello de calidad y actualización permanente, y reforzaremos alianzas con universidades, centros tecnológicos y organismos internacionales. La formación continua no es solo una opción, sino una exigencia profesional en un entorno cambiante, y el Consejo debe liderar ese proceso como garante del rigor y la excelencia técnica.