La negociación colectiva tiene potestad para modificar los beneficios sociales

La negociación colectiva tiene potestad para modificar los beneficios sociales, según determina la Audiencia Nacional, en sentencia de 3 de junio, en la que desestima la demanda interpuesta por la Confederación Intersindical Galega (CIG) contra el Naturgy y varios sindicatos firmantes del convenio.

El conflicto colectivo buscaba anular la reducción del límite de bonificación en el suministro eléctrico para el personal activo y pasivo. Así, su núcleo radicaba en modificar el III Convenio Colectivo del Grupo Naturgy, que estableció a partir del 1 de enero de 2023 una bonificación máxima anual de 25.000 kWh para el suministro de energía eléctrica, frente al límite anterior de 30.000 kWh.

Esta decisión consolida la primacía de la negociación colectiva en la regulación de las condiciones laborales y sociales, incluso cuando implican la modificación de beneficios preexistentes, siempre que se realicen dentro del marco legal y convencional que regía.

Alfredo Aspra, abogado laboralista y socio de Labormatters Abogados explica que "esta decisión consolida y ensalza la primacía de la negociación colectiva en la regulación de las condiciones laborales y sociales, incluso cuando implican la modificación de beneficios preexistentes, siempre que se realicen dentro del marco legal y convencional".

La sala concluye que el beneficio de la tarifa eléctrica bonificada tiene un origen "convencional, no individual o contractual". El tribunal concluye que este beneficio surgió de reglamentaciones y ordenanzas de mediados del siglo XX y ha sido regulado por "los distintos instrumentos convencionales" del grupo.

A este respecto, Aspra destaca como fundamental que "el disfrute de la tarifa bonificada es una condición colectiva con origen en convenios colectivos sucesivos, no un beneficio individual".

Los convenios han venido derogando y sustituyendo las regulaciones anteriores. Además, Naturgy ha venido manteniendo que la reducción responde a su compromiso de sostenibilidad y que el nuevo límite de 25.000 kWh sigue siendo muy superior al consumo medio anual de una familia española, que oscila entre 3.500 y 5.700 kWh.