Los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) alertan: que delegar la instrucción penal al Fiscal es una amenaza a la separación de poderes

Los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) han advertido, con contundencia, del riesgo que supone atribuir la instrucción penal al Ministerio Fiscal sin una reforma previa del artículo 124.4 de la Constitución. Esta fue la principal alerta lanzada durante las XXXVI Jornadas de la Fe Pública Judicial, celebradas en Zaragoza del 4 al 7 de junio, donde se ha advertidoque esta medida representa una "clara quiebra del principio de legalidad y de separación de poderes" al mantener la Fiscalía su vinculación constitucional con el poder ejecutivo.

El foro, que ha reunido a centenares de profesionales del ámbito judicial, ha servido también para reivindicar el liderazgo de los LAJ en la transformación digital de la justicia, así como su papel clave en la aplicación de la nueva Ley Orgánica 1/2025, que introduce los tribunales de instancia, oficinas de justicia y el teletrabajo como ejes del nuevo modelo.

Sin embargo, los Letrados denuncian que esta transición se está realizando sin dotación suficiente, sin respeto a su papel coordinador y sin cumplir compromisos básicos. En particular, exigen al Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes la reactivación del grupo de trabajo para implementar el sistema de retribuciones variables pactado en 2023. Recuerdan que, según el artículo 9.1 de la Ley 15/2003, el 5% de las retribuciones fijas debe destinarse a productividad, algo que el Gobierno no ha materializado, lo que genera "una voluntad cierta de incumplir lo pactado".

Entre los desafíos clave abordados, destaca también la integración de herramientas de inteligencia artificial (IA) en la Administración de Justicia. Los LAJ apoyan su desarrollo, pero advierten de que "no se puede perder de vista que hay necesidades básicas aún sin resolver", como la interoperabilidad entre sistemas, la descarga automática de datos al SIRAJ o la falta de herramientas para anonimizar datos, necesarias para cumplir con la legislación vigente en protección de datos.

El colectivo ha puesto el foco en la necesidad de acompañar esta digitalización con formación especializada, recursos tecnológicos adecuados y planes estructurados de alfabetización digital, sin los cuales —afirman— no se puede garantizar ni la calidad del servicio ni los derechos de los ciudadanos.

Otro punto crítico denunciado es la omisión de los LAJ en los planes de refuerzo de medios personales en las futuras Secciones de Violencia sobre la Mujer. A pesar de su participación esencial en estos procedimientos, no están contemplados en los desarrollos normativos, lo que consideran un "error manifiesto" con impacto directo en la protección de las víctimas.

Además, las jornadas han abordado tensiones organizativas derivadas de la reforma judicial, como la figura de la "confirmación forzosa" para los LAJ en el Servicio Común de Tramitación, que limita el derecho a elegir destino y vulnera —según denuncian— los principios de equidad y especialización.

En su conjunto, las conclusiones refuerzan el papel de los LAJ como pieza esencial del engranaje judicial, pero también subrayan el malestar de un cuerpo profesional que, en palabras del informe, se percibe como "imprescindible, pero olvidado".

Con estas reivindicaciones sobre la mesa, el colectivo reclama al Ministerio de Justicia un reconocimiento institucional real, dotación adecuada y cumplimiento de los acuerdos firmados. "No basta con liderar las reformas: necesitamos apoyo, respeto y medios para hacerlas posibles", concluyen.