La Abogacía Iberoamericana alza la voz en Madrid para defender el Estado de Derecho

El 78% de los países iberoamericanos han visto menguar sus niveles de Estado de Derecho desde 2016, según datos del World Justice Project. La corrupción estructural, la politización de la justicia y la erosión de los contrapesos institucionales han puesto en jaque la seguridad jurídica, minando la confianza ciudadana y dificultando el desarrollo económico y social.

Madrid se ha convertido del 4 al 6 de junio de 2025 en el centro neurálgico del debate jurídico iberoamericano. La capital española ha acogido la Cumbre Internacional del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), un foro que ha reunido a representantes de la abogacía de ambos lados del Atlántico para analizar el preocupante retroceso del Estado de Derecho en la región. Como colofón del encuentro, se Ha presentado la Declaración de Madrid, un documento que no solo diagnostica las amenazas actuales, sino que propone una agenda de acción concreta.

Seguridad jurídica como motor de progreso

La Declaración de Madrid subraya que sin certidumbre legal no hay condiciones para la inversión ni para el desarrollo sostenible. "Defendemos el Estado de derecho y la seguridad jurídica como motores de estabilidad y progreso", señala el documento. La advertencia es clara: lo jurídico no puede desligarse de lo económico ni de lo democrático.

Frente a ese panorama, el texto plantea una visión compartida para fortalecer los lazos jurídicos y democráticos iberoamericanos, apostando por la cooperación frente al aislamiento institucional.

Uno de los ejes del manifiesto es el papel central de la abogacía en la defensa del orden democrático. La Declaración reivindica a los profesionales del Derecho como actores activos en la transformación social: garantes de la legalidad, impulsores de reformas y vigilantes del poder. "La abogacía no es espectadora, es protagonista", afirma el texto.

Este rol implica, entre otras tareas, litigar estratégicamente, promover el acceso a la justicia, impulsar cambios normativos y participar en el diseño de políticas públicas. En esa línea, se propone una respuesta regional coordinada ante desafíos globales como el crimen organizado, la inteligencia artificial, el cambio climático o las migraciones.

Una agenda iberoamericana común

El documento propone también reforzar la independencia judicial, combatir la corrupción de forma efectiva, promover la educación jurídica de calidad y consolidar redes de arbitraje y mediación. La integración jurídica iberoamericana aparece como una prioridad, con iniciativas como la armonización normativa y el fortalecimiento del CIAM y el CIAR, ambos con sede en Madrid.

La Declaración de Madrid será trasladada a instancias multilaterales como la próxima Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y el aniversario de la UIBA (Unión Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones de Abogados), según anunció el ICAM.

Llamamiento a la acción

El decano del ICAM, Eugenio Ribón, ha destacado la "responsabilidad compartida" de la abogacía para "ensanchar el perímetro de las libertades", y ha alertado sobre el peligro del debilitamiento silencioso de las instituciones democráticas. Por su parte, Teresa Mínguez, diputada del ICAM responsable del área internacional, ha apelado a una colaboración más estrecha entre la abogacía europea e iberoamericana para enfrentar los retos comunes. "La cooperación no es solo posible, sino urgente y necesaria", ha subrayado Mínguez.

Con un tono firme, pero propositivo, la Declaración concluye con una llamada a la responsabilidad compartida: "El destino de nuestros países no está escrito en los mármoles de la fatalidad histórica. Está, cada día, en nuestras manos".