La Abogacía exige voz y voto en las nuevas instituciones de la Justicia Digital

El presidente de la Abogacía, Salvador González, ha reivindicado la presencia institucional de la Abogacía en la Agencia de Inteligencia Artificial, el Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica (CTEAJE), que se encarga de fomentar la interconexión y compatibilidad de los sistemas de gestión judicial electrónica en España. y en el órgano que se debe de crear para la calidad del servicio público de justicia y que está previsto en la Ley de Eficiencia de la Justicia y que todavía no se ha creado en un momento tan crítico como es el de la implantación.

También, Salvador González, ha mostrado su preocupación por la forma en que se abordan las reformas legales, abogando por un debate más amplio y no por cambios exprés. "El camino adecuado es debatir para buscar la mejor solución, sentarse y buscar coincidencias, y que la estabilización quizás no está bien abordada con los criterios actuales".

Ha destacado la importancia del secreto profesional para el sistema democrático, señalando que la nueva ley orgánica del derecho de defensa lo protege de manera reforzada. Se informa sobre la aprobación de un nuevo reglamento del amparo colegial para salvaguardar la independencia de los abogados y, por extensión, la de los ciudadanos. Finalmente, se abordan los retos de la digitalización y la implementación de la ley de eficiencia y se reflexiona sobre el uso responsable de la inteligencia artificial en el ámbito jurídico.

El Pleno del Consejo de la Abogacía aprueba el Reglamento de Amparo Colegial para proteger a los abogados ante injerencias y presiones

A pesar de la entrada en vigor de la segunda fase de la Ley y la implantación de los tribunales de instancia, ha mostrado preocupación sobre la preparación de la Administración de justicia para llevarlo a cabo. A este respecto ha señalado que esta implantación requiere de recursos y que sin ellos será muy difícil que sea un éxito. También ha señalado que se necesitan más profesionales, como jueces y magistrados, dado que el cúmulo de asuntos y el retraso en muchos juzgados es intolerable.

Preocupa la dispersión de criterios que se está dando en los juzgados y audiencias provinciales respecto a la mediación obligatoria en asuntos civiles, generando gran incertidumbre sobre qué se va a admitir como requisito de procedibilidad. Se necesita una situación que permita trasladar certidumbre a los ciudadanos sobre qué pasará con su conflicto.

Ve González la digitalización como íntimamente ligada a la implantación de la Ley de Eficiencia. Existe preocupación porque la digitalización no ha llegado a todos los territorios, procedimientos u órdenes jurisdiccionales, y si no se acelera y termina, la correcta implantación de la nueva estructura de tribunales de instancia será muy difícil.

La principal preocupación es que, aunque la IA es bienvenida para agilizar el trabajo, su uso por parte de la administración de justicia debe ser transparente, indicando que se ha usado, qué herramientas y de qué forma, para poder contrarrestar argumentos. "Adicionalmente, la IA no puede mermar el derecho de defensa, no puede restringir el acceso a la justicia, y no puede desarrollarse de forma distinta en diferentes comunidades autónomas o territorios".