Los consejeros de Justicia del PP abandonan la Conferencia Sectorial de Justicia de Barcelona

Los consejeros de Justicia del PP de Madrid, Galicia, Andalucía, La Rioja, Cantabria, Valencia y Aragón abandonaron este viernes la Conferencia Sectorial de Justicia de Barcelona, al entender que no se habían incorporado al orden del día puntos importantes que habían reclamado.

Este encuentro tiene lugar este viernes en la capital catalana bajo la presidencia del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. La cumbre está centrada en la implantación de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que entró en vigor este jueves.

A este respecto, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración de Madrid, Miguel Ángel García, explicó que la razón por las que las comunidades del PP abandonaron la conferencia fue porque "se quería hacer un paripé" y no se trató ninguno de los puntos que les parecían fundamentales.

Insistió en que llevaban mucho tiempo pidiendo tratar temas como la financiación, ya que esa implantación va a tener un coste muy relevante en las comunidades autónomas que tienen transferencias las competencias en materia de Justicia, y denunció que no se iba a hablar de la "carga que van a tener que asumir las comunidades autónomas".

Actualmente, explicó, hay una ley en vigor pero todavía no están aprobados los reglamentos necesarios para su aplicación y, por tanto, las comunidades tampoco tienen los modelos de referencia para saber cómo se implementará.

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha tachado de "gamberrismo institucional" la decisión de las siete comunidades con competencias transferidas de Justicia en las que gobierna el PP de abandonar este viernes la Conferencia Sectorial de Justicia que se celebra en Barcelona.

Reorganización de la Justicia

La Ley supone una reorganización completa de la Administración de Justicia con la creación de Tribunales de Instancia en cada partido judicial (conjunto de municipios de una misma provincia que comparten juzgados), que comenzará a llevarse a cabo a partir de julio y hasta el 31 de diciembre de este año. Con la nueva norma habrá un Tribunal de Instancia y los actuales Juzgados de estos territorios, ya sean de Instancia, Instrucción o Violencia sobre la Mujer, pasarán a convertirse en secciones especializadas en cada una de sus materias de dicho Tribunal.

Este Tribunal tendrá un presidente y cada sección que lo integra (si son más de dos) también. Podrá haber junta de jueces de secciones para acordar criterios. Cada Tribunal de Instancia tendrá una Oficina Judicial que le dará soporte. Además, desaparecen los Juzgados de Paz de los municipios, que pasan a convertirse en oficinas judiciales de cada una de las localidades.

Además también impone la obligación a ciudadanos y empresas con conflictos en materia civil o mercantil de acudir a medios adecuados de solución de controversias (MASC, por sus siglas) para llevar a cabo una negociación para intentar llegar a un acuerdo antes de acudir a los tribunales. De hecho, si no lo hacen podrán ser sancionados.

Asimismo, obliga a los Juzgados especializados en violencia contra la mujer a llevar a partir de octubre de este año todos delitos contra la libertad sexual que afectan a las mujeres, exista vínculo afectivo o no, con la consecuente carga de trabajo.