Los jueces de violencia sobre la mujer denuncian que el incremento de la carga de trabajo desprotegerá a las víctimas

Un total de 135 jueces y juezas de los Juzgados de violencia sobre la mujer de toda España han firmado un comunicado conjunto en el que denuncian que el incremento de carga de trabajo que va a conllevar la puesta en marcha de la Ley de Eficiencia de la Justicia va a colapsar unos juzgados de por sí colapsados derivando en una mayor desprotección a las víctimas ante la imposibilidad de abordar los asuntos.

Los jueces denuncian que con la nueva ley y, a partir del 3 de octubre de 2025, van a llevar los procesos para exigir responsabilidad penal por delitos contra la libertad sexual, mutilación genital, matrimonio forzado, acoso con connotación sexual no solo cuando hubiera existido un vínculo de afectividad entre hombre y mujer, ahora también, si no se dio este vínculo de afectividad entre las partes.

Esto, aseguran, supondrá un salto cualitativo y cuantitativo para unos juzgados ya de por sí saturados puesto que no se prevé que se incremento los recursos materiales y personales. "Se trata de una reforma a coste cero que, según los propios cálculos del Ministerio de Justicia, va a suponer un aumento de la carga de al menos el 20%", critican.

"El efecto inmediato de la reforma va a ser el colapso total de unos Juzgados ya de por sí sobrecargados, en una materia tan sensible como es la relacionada con la lucha contra la violencia de género y la protección de las mujeres y de sus hijos e hijas", advierten.

Los jueces y juezas señalan que en la actualidad solo cinco partidos judiciales (Madrid, Barcelona, Sevilla, Málaga y Valencia) tienen juzgados de guardia para esos asuntos, mientras que el resto solo los atienden por la mañana y, además, llevan otros temas de materia familiar, como divorcios, lo que supone que si entra un asunto urgente de violencia de género se paralizan el resto de casos.

Asimismo, también denuncian que ya trabajan en una precariedad absoluta de medios "sin contar con los preceptivos equipos de valoración forense; de asesoramiento y asistencia a la víctima; con un más que deficiente funcionamiento de los dispositivos telemáticos de control; con sistemas de asistencia letrada a través de llamada telefónica a una centralita que no garantiza la presencia permanente del letrado en la oficina judicial; sin forense de guardia; sin salas Gesell que permitan la exploración de los menores en condiciones idóneas en atención a su edad y vulnerabilidad".

Los jueces concluyen que se va a producir "un significativo paso atrás en la lucha contra la violencia de género, que puede generar espacios de desprotección y riesgo para las mujeres víctimas de dicha violencia y sus hijos e hijas", ante la imposibilidad material de poder atender de manera pormenorizada y detallada cada asunto civil y penal. Recuerdan que los Juzgados más congestionados son los más proclives a rechazar las peticiones, precisamente por esa sobrecarga que sufren. "Y es que, cuando todo es importante y urgente, nada es preferente", señalan.

Y puntualizan que este será el "desolador y peligroso" escenario que traerá la nueva ley a partir del 3 de octubre si no se dotan más recursos.