El Gobierno reactiva la ley de defensa de los consumidores para impulsar demandas en masa

El Gobierno reactiva la ley para facilitar a los consumidores la lucha por sus derechos a través de demandas colectivas, es decir, aquellas que representan a varios usuarios afectados por el mismo problema y que encabeza una entidad habilitada como puede ser una asociación de consumidores.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes remitir al Congreso el Proyecto de Ley de acciones colectivas para la protección y defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios. Esta normativa ya se tramitó en la Cámara en 2023, aunque finalmente decayó por el adelanto para celebrar elecciones en julio de ese año.

El Ejecutivo vuelve a la carga y apuesta de nuevo en la norma por introducir el sistema conocido como opt-out. Es decir, que cuando un juez dicte sentencia en una demanda colectiva, el resultado de la misma afectará a todos aquellos consumidores que están en la misma situación y no hayan solicitado expresamente su desvinculación.

Sin embargo, como novedad, en aquellos casos en los que la cantidad reclamada supere los 3.000 euros por beneficiario, el tribunal podrá establecer un sistema (conocido como opt-in) en el que el resultado del proceso judicial solo afecte a los consumidores que expresamente se hayan adherido a él.

Las entidades habilitadas para encabezar las demandas colectivas y representar a los consumidores afectados serán asociaciones de consumidores, órganos de la Administración General del Estado, CCAA o municipios competentes en materia de tutela de los consumidores, según ha adelantado el Ejecutivo.

Una vez se apruebe la ley y se ponga en marcha, se creará una plataforma digital con todos los casos en los que se representan los intereses de los consumidores para que los usuarios en la misma situación puedan vincularse o desvincularse de ellos.