El Supremo pide al Ministerio de Justicia y al de Hacienda los móviles antiguos del fiscal general
- Pregunta si los teléfonos han sido formateados, por quién y cuándo
Eva Díaz
Madrid,
El Tribunal Supremo (TS) busca datos de los teléfonos que haya usado el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, para conocer su papel en la filtración de los correos electrónicos de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.
El magistrado Ángel Luis Hurtado pide en un nuevo auto de este lunes a las oficinas de móviles del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relación con las Cortes y también del Ministerio de Hacienda que les entregue cualquier móvil que haya devuelto (por desuso u otros motivos) el fiscal general desde el pasado 7 de marzo de 2024.
Además, también les solicita la correlación de teléfonos móviles que haya tenido García Ortiz desde el 31 de junio de 2023.
Cabe recordar que el fiscal está imputado por presunta revelación de secretos en la causa que investiga la filtración de los correos electrónicos intercambiados entre el abogado de González Amador y el fiscal de delitos económicos de Madrid. Especialmente, el correo del 2 de febrero en el que el letrado trata de llegar a un pacto a cambio de que su cliente confesara los delitos fiscales.
A pesar de que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil atribuye un papel predominante del fiscal general en la filtración, en el teléfono móvil incautado en el registro de la Fiscalía General del Estado del pasado enero no había ningún mensaje entre el 8 y el 14 de marzo de 2024, días en los que se produjo las filtraciones. El Ministerio Público alegó que los teléfonos se borran de forma periódica por cuestiones de seguridad.
Asimismo, en su auto, el magistrado también reclama a las oficinas de ambos Ministerios información sobre los móviles entregados a García Ortiz, si han sido formateados, en caso afirmativo, por quién, cuando y qué software se utilizó.
Nuevas declaraciones
En un segundo auto, el magistrado del Supremo también llama a declarar en calidad de testigos para el próximo 12 de marzo a la exdirectora del secretario de Estado del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, Pilar Sánchez Acera, y al exsecretario de Estado de Comunicación, Francesc Vallés Vives.