Joaquín Merchán: "Las comunicaciones de la Administración se llevan a cabo en horarios que conculcan el derecho al descanso"

Los Graduados Sociales celebran este año el centenario del nacimiento de su profesión, que hoy en día la componen en torno a 17.000 especialistas en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Se trata de una profesión que durante la Pandemia de Covid fue considerada profesión esencial.

Joaquín Merchán, presidente del Consejo General de Graduados Sociales, viene reclamando al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y al de Trabajo y Economía Social que se respete el derecho a la desconexión digital y la conciliación del colectivo. Hablamos con él a través de la revista de Buen Gobierno, Iuris & Lex y RSC de elEconomista.

¿Las comunicaciones de la Administración generan problemas de conciliación?

Desde 2020, y especialmente a raíz de la pandemia, las Administraciones Públicas han transferido una gran cantidad de responsabilidad a los profesionales, como es el caso de los graduados sociales. Esto se ha traducido en una ingente carga de tareas, inseguridad jurídica y la falta de derecho al error.

Además, las comunicaciones electrónicas de la Administración se llevan a cabo con unos horarios que conculcan el derecho al descanso y a la conciliación de los graduados sociales. Se trata de mensajes de cortesía entre Administración y administrado o entre Administración y profesionales de la Dirección Electrónica Habilitada Única (DEHú) que se reciben a las cinco de la madrugada tanto en diarios como en festivos.

Estas notificaciones llegan a nuestros teléfonos móviles. Es verdad que no estamos obligados a abrirlas, pero es una falta total de respeto al descanso y a los profesionales. Mi profesión tiene un futuro prometedor, pero con la sombra sobre la forma de trabajo que se nos está imponiendo por las Administraciones.

¿La situación se ha agravado en enero con las nóminas de las empresas?

"La reciente derogación del Real Decreto-ley 9/2024, de 23 de diciembre, establecía medidas sociales de especial transcendencia ha generado una serie de inconvenientes en la elaboración de nóminas, principalmente debido a los cambios en el SMI y las cotizaciones a la Seguridad Social. Estos cambios en las normas laborales han aumentado nuestra carga de trabajo y han exigido una rápida adaptación por parte de los graduados sociales, complicando los procesos internos de las empresas.

Desde el Consejo General nos hemos puesto a disposición de la Administración, empresas y personas trabajadoras, para sentarnos en una comisión de que mejore la aplicación de normas en las gestiones generales con la Seguridad Social y adoptar medidas de comunicación acordes a la nueva era digital donde se desburocratice la actividad para facilitar y hacer más sencilla la tramitación para el desarrollo del trabajo de los despachos y la administración de la Seguridad Social.

¿Y qué puede hacer el Consejo General?

Vamos a defender a nuestros compañeros y compañeras, porque haciéndolo también estamos defendiendo a los ciudadanos ante un sistema de trabajo de la Administración que es claramente mejorable. El nivel de estrés al que estamos sometidos es intolerable y lo vengo denunciando desde que llegué al cargo. Si no tengo resultados, llegaré hasta el último rincón donde se dé una solución a esta forma de trabajo, que no está cerca ni de los graduados y graduadas sociales, ni de los ciudadanos. Para que acoten los horarios voy a remover lo que sea necesario, desde el respeto a las instituciones, que caracteriza mi línea de trabajo.

¿Qué lectura hace de la nueva Ley de Eficiencia de la Justicia?

La nueva Ley de Eficiencia de la Administración de Justicia llega a la jurisdicción laboral e introduce cambios en los recursos, a los que tenemos que ser permeables. Cambios, a los que estamos acostumbrados. En los aspectos que nos afecta, en los laborales, consideramos que es una ley necesaria a la que hemos contribuido, porque hemos sido consultados desde el Ministerio de Justicia.

Se trata sin lugar a dudas, de un avance en materia de Justicia.¿Los cambios en materia de Seguridad Social son para bien?En esta materia estamos acometiendo un ambicioso proyecto del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, como es la regularización de las bases de autónomos y los graduados y graduadas sociales contribuimos desde nuestros despachos a que este proyecto sea viable.

Es un proyecto, insisto, ambicioso y por primera vez puesto en marcha, no exento de dificultades a la hora de la regularización, pero que traerá beneficios a los autónomos y a la seguridad social.

¿Qué pulso tiene la pyme ante los cambios?

Es verdad que evolucionamos en un mundo que camina a una velocidad a veces estratosférica y el pequeño y mediano empresario requiere de las Administraciones les tengan en cuenta. Porque en el fondo ellos son los motores de la economía de este país. Se legisla igual para una empresa de 2.000 trabajadores que para una pyme con solo dos, y tenemos un tejido empresarial que en un 90% a 92% es pyme y ve con una gran preocupación la constante vorágine de cambios. Y a veces piensa en si está preparada para cometer estos cambios tan drásticos.

¿Qué papel pueden jugar los graduados sociales en procesos de mediación?

En el Consejo General contamos con una comisión técnica de mediación, dirigida por Francisco José López Díaz, en colaboración con otros compañeros. Se ha avanzado muchísimo en esta materia. Los graduados sociales creemos en la mediación como una herramienta de progreso social. La conciliación debe tener un papel fundamental como puente hacia soluciones colaborativas en entornos laborales muy complejos. Trabajamos juntos para avanzar hacia un futuro donde la mediación sea una herramienta imprescindible para construir relaciones laborales más justas y sostenibles.

¿Y cómo están viviendo la digitalización?

Los despachos están adecuándose perfectamente al mundo digital. No en vano, los graduados sociales pusimos en marcha el sistema RED, que permitió la transmisión de datos, en un momento en que no existía Internet, a través de redes de valor añadido. O sea, que somos pioneros en la transmisión de datos de forma electrónica. Estamos acostumbrados y no nos asusta el mundo digital ni la inteligencia artificial. Llevamos la tecnología en nuestro ADN como profesión. Solo podríamos tener miedo a la inteligencia artificial y al mundo tecnológico si no estuviésemos preparados para acometerlo. Para nosotros son una posibilidad de trabajo.

¿Qué supuso la Pandemia, donde la profesión jugó un papel fundamental?

La lección principal es que fuimos imprescindibles y que desde luego si no hubiera sido por muchos profesionales, pero en concreto por los graduados sociales, miles de trabajadores y empresas no hubieran podido acceder a sus prestaciones y bonificaciones. Hemos aprendido que la Administración, el Servicio Público de Empleo, la Tesorería, General, el Ministerio de Trabajo, tienen que sacar conclusiones y trabajar para que no se repitan situaciones como las que vivimos, que, por cierto, se han vuelto a dar en la Dana de Valencia.

Y tengo que reconocer que desde el minuto cero en que surge esta tragedia, Trabajo, a través de su secretario de Estado, Joaquín Pérez Rey, y la Secretaría de Estado de Inclusión y Seguridad Social, a través de Borja Suárez Corujo, estuvieron en contacto conmigo y con el decano del Colegio de Valencia, Vicente Vercher Rosat, para que les aportáramos soluciones y que nuestra experiencia hiciera factible que empresas y personas trabajadoras recibieran sus prestaciones de la forma más rápida posible, como así fue.

El día 2 de noviembre, sábado, tuvimos una reunión de prácticamente cuatro horas en la que le expusimos diez puntos y todos fueron acogidos, porque eran medidas que beneficiaban a los afectados. Desde nuestra experiencia, hemos trabajado para que desde el Servicio Público de Empleo se agilizara de forma inmediata, con toda la información posible, y que las personas trabajadoras no tuvieran que esperar dos meses para cobrar su prestación, como pasó en la del Covid-19.

Se ha trabajado para no tener la angustia de ver cómo cambia la legislación de un día para otro y la tensión que vivió la profesión ante la responsabilidad de saber si se acertaba o no como consecuencia de tanto cambio legislativo.

¿La estabilidad legislativa es prioritaria?

Siempre pido que se legisle de la forma más clara, más precisa, que no se cree inseguridad jurídica. Así se lo he manifestado al secretario de Estado de Empleo, a Joaquín Pérez Rey. La situación de la Dana es muy distinta a la del Covid-19. En este caso, muchas empresas han sido destruidas, anegadas. La obligación del mantenimiento de empleo por parte de las empresas en la Pandemia, no puede ser el mismo que la tragedia de la Dana, por motivos obvios.

En la pandemia las empresas podían abrir sus negocios al día siguiente, con la Dana, las empresas pequeñas y grandes, han quedado en un alto porcentaje destruidas. Además, en la Comunidad Valenciana tenemos otro problema, un problema hidráulico. El 32% de las empresas se encontraban en el territorio donde ha sucedido la catástrofe. Estas empresas tienen que volver a reconstruirse sobre ese territorio y ¿quién les asegura, que después del esfuerzo, mañana o dentro de un año, no va a volver a pasar lo mismo? Este problema hidráulico lo tienen que solucionar las Administraciones y acometerlo sin excusas ni demoras.

¿Cómo están viendo todas estas modificaciones sobre las pensiones?

Soy un firme defensor del sistema público de pensiones, no de ahora, sino desde hace muchos años, porque como decía Octavio Granados, antiguo Secretario de Estado de Seguridad Social, los pensionistas siempre han estado condenados a "las penas del infierno". Ahora mismo vuelven a estar en el en la batalla política. Se creó un gran instrumento que era el pacto de Toledo para alejar las pensiones de esa lucha política. Este Pacto de Toledo ha tenido muy buenos resultados y desde luego hoy si las pensiones gozan de la salud, que gozan, es porque este Pacto de Toledo ha tenido una importancia enorme para que hoy gocemos de esta estabilidad. Todas las medidas que se están implementando en pensiones vienen a través de este.

¿Últimamente el Consejo ha firmado muchos acuerdos, que persiguen con ello?

Estamos firmando acuerdos, como hemos hecho con registradores y con notarios. Buscamos facilitar el trabajo de los graduados sociales para que, a través de las herramientas creadas desde el Consejo y conjuntamente con estas instituciones, puedan realizar todos los servicios de forma más ágil, cómoda y adaptada a las nuevas tecnologías. También hemos firmado un Convenio con la Dirección General de Tráfico (DGT) en este sentido, que consideramos de gran importancia para el colectivo y en que estamos trabajando y perfilando para ponerlo en práctica a la mayor brevedad posible. En una palabra, estamos adaptando nuestra profesión a las nuevas realidades del siglo XXI.

¿Qué va a suponer el centenario?

El centenario es el reconocimiento a la labor de esta profesión, que durante cien años ha ido creciendo, desde el trabajo y el respeto, pero sobre todo desde una vocación de servicio público hacia empresarios, personas trabajadoras, pensionistas y autónomos. Hoy somos 17,000 profesionales, que asesoran a 36 millones de personas. Con el centenario reconocemos el pasado, pero nos tiene que servir para mirar hacia el futuro. Hemos de acometer, y, desde mi Presidencia lo estoy haciendo con un gran equipo, un proceso de transformación de la profesión que no está exento de dificultades. Pero que nos llevará hacia esa profesión del siglo XXI. Lo vamos a hacer y las futuras generaciones de graduados y graduadas sociales dirán, que lo hicieron "porque no sabían que era imposible". Será un año plagado de actos en los colegios de toda la geografía española.