El ICAM y el Colegio de Abogados de México denuncian la situación que atraviesa el Estado de Derecho en México

El Colegio de la Abogacía de Madrid y el Nacional Colegio de Abogados de México (INCAM), en el marco del encuentro informativo organizado con la Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos (ACIJUR), han denunciado la preocupante situación del Estado de Derecho, la abogacía y la independencia judicial en México.

El Presidente INCAM, Arturo Pueblita ha destacado los riesgos que la reciente reforma judicial en México podría implicar para la independencia judicial y el respeto a los derechos humanos. La opacidad gubernamental afecta significativamente la justicia mexicana de diversas maneras, según los fuentes proporcionadas. Esta opacidad se manifiesta principalmente en la falta de transparencia y rendición de cuentas en la información, así como en la concentración de poder y la manipulación de instituciones.

Pueblita ha explicado que el gobierno mexicano ha declarado obras públicas, como el Tren Maya, como asuntos de seguridad nacional. Esto ha resultado en una falta de transparencia sobre los contratos y la información relacionada con estas obras. Al designar al ejército como el principal contratista y constructor, se han evitado estudios de impacto ambiental y la rendición de cuentas sobre los costos.

El gobierno ha implementado reformas al poder judicial, con el argumento de combatir la corrupción, pero ha sido señalado por buscar el control del mismo. Estas reformas incluyen la eliminación de la carrera judicial y la elección popular de jueces, lo que permite la designación de personas cercanas al régimen.

Por otra parte, se ha disminuido la edad para ser juez y se han eliminado filtros para las designaciones, lo que facilita la entrada de personas sin experiencia jurisdiccional. Los nombramientos de jueces y ministros han sido cuestionados por posibles conflictos de interés y falta de independencia.

Se ha señalado que el Gobierno ha ejercido presión sobre ministros de la Suprema Corte, lo que ha llevado a renuncias cuestionables. Además, el Tribunal Electoral ha tomado decisiones contradictorias a las de la Suprema Corte, mostrando una falta de lógica jurídica y una reasignación de competencias. El gobierno mexicano también ha revisado una reforma constitucional para desaparecer el órgano de transparencia, convirtiéndolo en una dependencia del poder ejecutivo.

Un dato importante, de los que se han comentado en el encuentro es que se ha creado un tribunal de disciplina judicial con jueces electos popularmente, que en realidad son personas ligadas al Gobierno. Esto se considera por los responsables del INCAM como una herramienta para presionar a jueces y magistrados que emitan resoluciones contrarias a los intereses del gobierno.

Los ascensos dentro del poder judicial ahora se hacen a través de elecciones controladas por el gobierno, lo que influye en la profesionalidad de los jueces.

Finalmente, Pueblita ha denunciado que la opacidad gubernamental en México ha llevado a la erosión de la independencia del poder judicial y a la falta de transparencia en la gestión de recursos públicos, lo que afecta directamente el acceso a la justicia y la rendición de cuentas." La manipulación de las instituciones y la designación de personas sin experiencia o con conflictos de interés son también consecuencias de esta opacidad. Todo esto, según las fuentes, socava el estado de derecho y la confianza en las instituciones judiciales mexicanas", ha concluido.

El Decano del ICAM, Eugenio Ribón, ha expresado la firme preocupación del Colegio madrileño por los cambios aprobados en el sistema judicial mexicano, señalando que podrían comprometer gravemente la imparcialidad de los jueces y magistrados.

En este sentido se ha pronunciado también el Diputado de la Junta de Gobierno del ICAM, Emilio Ramírez, quien ha recordado que la independencia judicial es un pilar fundamental para el Estado de Derecho y la protección de los derechos humanos y que la reforma del Poder Judicial en México, tal y como ha sido aprobada, suscita serias preocupaciones sobre la politización de la justicia y la falta de garantías para preservar la imparcialidad de sus jueces.