ACIJUR se pronuncia contra la proposición de ley orgánica del PSOE que busca cercenar la acusación popular

La Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos (ACIJUR) ha mostrado este lunes a través de un comunicado su adhesión al rechazo expresado por la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) contra algunos de los puntos incluidos en la proposición de ley orgánica presentada por el Grupo Parlamentario Socialista y que tiene entre sus objetivos la limitación de la presentación de querellas por acusaciones populares.

ACIJUR considera, sin entrar en la discusión política sobre la necesidad de esta propuesta de ley ni en los detalles técnicos que ya han sido abordados por las asociaciones judiciales, que esta figura, "cuyos orígenes se remontan al Derecho Romano, que figura en nuestro acerbo legal desde el Código de las Siete Partidas, en el siglo XIII, en la Ley de Enjuiciamiento Criminal vigente y en la Constitución, juega un papel fundamental en la lucha contra la corrupción".

La asociación condena las referencias "despectivas" de miembros del Grupo Socialista, "que han descalificado en los últimos días las iniciativas de la acusación popular basadas en recortes de prensa".

"Las informaciones periodísticas, buena parte de ellas producto del mejor periodismo de investigación, han contribuido a sacar a la luz escándalos políticos que han terminado ante los tribunales de justicia merced, en gran parte a las acusaciones populares", destaca el comunicado.

"Escándalos que han afectado tanto a su partido como al principal partido de la oposición, a otros partidos y a la Casa Real han sido depurados en los tribunales con condenas firmes. Casos como los de Filesa, GAL, Gurtel, Bankia, Noos, ERE de Andalucía, Bárcenas, Villarejo, Púnica y Lezo, por citar algunos de los más conocidos. La lista es muchísimo más larga", añade.

"ACIJUR entiende que este interés y esta premura por cercenar la eficacia de la figura de la acusación popular tiene su centro en tres casos evidentes actuales, dos de los cuales afectan de forma directa a responsables del partido socialista, y el tercero al fiscal general del Estado", concluye.