Los auditores consideran que las entidades públicas españolas están perdiendo la batalla de la sostenibilidad

Un total de 105 entidades estatales, 210 autonómicas y 201 de ámbito local cumplirían los requisitos que obligan a las empresas mercantiles a publicar sobre el ejercicio 2024 datos sobre sostenibilidad, en cumplimiento de la Directiva Europea 2022/2464, de Sostenibilidad, según los datos del Observatorio de la Información sobre Sostenibilidad del Sector Público, que incluye un mapa interactivo en la página web del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE), que permite la situación de estas entidades.

El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), las distintas Autoridades Portuarias, las Confederaciones Hidrográficas, Enaire, el ICEX, el Parque Móvil, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) o el Patrimonio Nacional, a pesar de encontrarse dentro de los parámetros de obligatoriedad de las empresas privada, no aportan información de sostenibilidad (ni de gobernanza, ni medioambiental ni de ámbito social). Y en el ámbito autonómico, por ejemplo, destacan en esta misma situación los consorcios hospitalarios o la mayoría de las agencias tributarias.

El presidente del ICJCE ha explicado en su intervención en el XXVI Congreso Nacional de Auditoría, que se celebra estos día en las Palmas (Canarias), que "el informe es muy claro y preocupante: las Administraciones Públicas se están quedando atrás a nivel mundial y en España prácticamente no hay ninguna que publique y verifique información sobre sostenibilidad. Nuestro objetivo es que el Sector Público español lidere el cambio hacia la presentación de informes sobre sostenibilidad".

El Observatorio en relación con el cumplimiento de los criterios de sostenibilidad en los entes públicos de España, abordando la aplicabilidad de la nueva Directiva Europea de Sostenibilidad (Directiva 2022/2464), revela que, en el ámbito estatal, de las 311 entidades públicas evaluadas, el 33,76% (105 entidades) cumple con los requisitos.

En el ámbito autonómico 210 entidades públicas (un 18,7%) de las 1.123 entidades cumple con los criterios. Y en el ámbito local, de las 740 entidades locales, 201 (un 27,16%) cumplirían con los criterios para proporcionar información en materia de sostenibilidad.

Referencia en el proceso de adaptación

Es una situación que debe cambiar y queremos convertirnos en la referencia de este proceso ya que el avance en los informes de sostenibilidad no solo fortalece la transparencia, sino que también impulsa a las entidades públicas a ser un ejemplo de responsabilidad ambiental y social", ha anunciado Víctor Alió.

Pere Ruiz, presidente de la Comisión del Sector Público del ICJCE, "el sector público va a la zaga en información sobre sostenibilidad, a pesar de que debería dar ejemplo de la forma de actuar en asuntos de sostenibilidad. No obstante, parece que el IGAE está empezando a valorar la posibilidad de empezar a avanzar en este camino".

Antonio López, miembro de la Comisión del Sector Público del ICJCE, ha explicado que el camino de la sostenibilidad es irreversible y que las entidades públicas, antes o después acabarán adoptando medidas similares a las del sector privado. "Por ello, sería muy importante que las entidades públicas pudiesen empezar a publicar datos de sostenibilidad voluntariamente", ha afirmado.

Reglas aplicadas en el informe

Ana María Plata, profesora de la Universidad de Granda, especialada en sostenibilidad del Sector Público ha explicado que el Observatorio destaca informes y ejemplos de referencia que permiten a las instituciones mejorar sus procesos de rendición de cuentas y sostenibilidad.

El análisis de casos a nivel internacional proporciona una visión valiosa sobre cómo otros gobiernos y entidades públicas están liderando la implementación de prácticas de sostenibilidad. Estos ejemplos permiten identificar estrategias efectivas y adaptar soluciones innovadoras a contextos específicos.

Para determinar a qué entidades públicas (excluidas sociedades mercantiles) les sería aplicable la presentación de información en materia sostenibilidad, se han adaptado al sector público los criterios de tamaño establecidos para las sociedades mercantiles. La Directiva 2022/2464 obliga a las empresas o grupos grandes a presentar información en materia de sostenibilidad.

Según la Directiva Delegada (UE) 2023/2775 de la Comisión, de 17 de octubre de 2023 de umbrales, cuyo objetivo principal es ajustar los criterios de tamaño de las empresas o grupos de tamaño micro, pequeño, mediano y grande, como consecuencia de la significativa inflación registrada durante los años 2021 y 2022 (ICAC, 2024), el tamaño grande corresponde a aquellas que, durante dos ejercicios consecutivos, a la fecha de cierre de cada uno de ellos, cumplan, al menos, dos de los tres criterios siguientes:

1.º Que el total de las partidas del activo supere los 25.000.000 de euros.

2.º Que el importe neto de la cifra anual de negocios supere los 50.000.000 de euros.

3.º Que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio sea superior a 250.

Para adaptar estos criterios de tamaño al ámbito de las entidades públicas, se han considerado las siguientes variables:

1. Total de las Partidas del Activo: Se ha recopilado información detallada sobre el total de activos de cada entidad pública a partir de su Balance.

2. Equivalente Cifra Anual de Negocios: Para calcular la equivalencia de la variable importe neto de la cifra anual de negocios dentro de la cuenta de Resultado Económico-Patrimonial que elaboran los entes del sector público, se ha desarrollado la variable adaptada denominada "Ingresos de gestión ordinaria ajustados". Esta variable incluye:

A. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales.

B. Transferencias y subvenciones recibidas: subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio y transferencias)

C. Ventas netas y prestación de servicios.

Para el caso de las Fundaciones se ha obtenido de su cuenta de resultados la siguiente variable equivalente: Ingresos de la actividad propia y ventas y otros ingresos de la actividad mercantil, lo que permite una comparación más precisa con las métricas utilizadas en el sector empresarial.

Se ha recopilado información sobre el número medio de trabajadores durante los ejercicios 2021 y 2022. Esta variable es directamente aplicable y comparable con los criterios del sector empresarial. Cuando este dato no estaba disponible, se ha obtenido el número de empleados a 31 de diciembre según información obtenida de la Memoria de la Cuenta General/Cuentas Anuales de las Entidades Públicas.

En base al cumplimiento de los criterios de tamaño (total de las partidas del activo, equivalente cifra de negocios y plantilla) durante los ejercicios 2021 y 2022, en el informe, se han definido los tres estados posibles de cumplimiento siguientes:

Cumpliría, si una entidad cumple, al menos, con dos de los tres criterios durante dos ejercicios consecutivos (2021 y 2022). Por el contrario, no Cumpliría si la entidad no cumple con, al menos, dos de los tres criterios mencionados durante dos ejercicios consecutivos (2021 y 2022). Y, finalmente, se determina que no está disponible, en el caso de que no se dispone de la información necesaria sobre los criterios.

El calendario de la sostenibilidad

Las empresas ya sujetas a la Directiva sobre divulgación de información no financiera (Grandes empresas de interés público (más de 500 personas empleadas) deberán presentar en 2025 información sobre el año fiscal 2024.

Las grandes empresas no sujetas a la Directiva sobre divulgación de información no financiera (más de 250 personas empleadas y/o volumen de negocios neto de 40 M€ y/o total del balance de 20 M€) deberán presentar en 2026 información sobre el año fiscal 2025.

Las pymes cotizadas y entidades financieras pequeñas y no complejas (tal como se definen en el artículo 4, apartado 1, punto 145, del Reglamento 575/2013/UE9 y las empresas de seguro y de reaseguro cautivas (tal y como se definen en la Directiva 2009/138/CE) deberán presentar en 2027 información sobre el año fiscal 2026.

Empresas no europeas: la obligación de presentar un informe de sostenibilidad se aplica a todas las empresas cuyo volumen de negocios neto en la UE supere los 150 millones de euros y que tengan al menos una filial o sucursal en la UE que supere determinados umbrales. Estas entidades deberán presentar en 2029 información sobre el año fiscal 2028.