La Comisión de Justicia del Congreso aprueba el dictamen de la Ley que instaura Tribunales de Instancia y Oficinas de Justicia municipales

La Comisión de Justicia del Congreso ha aprobado hoy el dictamen del Proyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, que ha concitado el apoyo de todos los grupos parlamentarios excepto PP y Vox.

El portavoz socialista de Justicia, Francisco Aranda, ha señalado que se trata de una "ley muy necesaria y demandada por el sector, una ley valiente" que "cambia el paradigma de la planta judicial".

La presente ley se estructura en dos títulos. El título primero acomete la reforma organizativa de la Administración de Justicia en todos sus ámbitos, mediante la creación y constitución de los Tribunales de Instancia y la evolución de los Juzgados de Paz a Oficinas de Justicia en los municipios. La ley regula, de manera complementaria, la conclusión de los trabajos de desarrollo e implantación de una Oficina judicial adaptada a esta nueva organización judicial y a las Oficinas de Justicia en los municipios que se constituyan.

La reforma profundiza en la especialización de los órganos judiciales, así como en la adecuación de los medios personales y materiales que les apoyan en el cumplimiento de los cometidos derivados de la función jurisdiccional. También desarrolla instrumentos que permiten una mayor homogeneidad de las prácticas y comportamientos de los órganos judiciales y de las oficinas judiciales, que implicará mayor previsibilidad, accesibilidad y proximidad, aportando seguridad y confianza a la ciudadanía y a los y las profesionales que se relacionan con la Administración de Justicia.

Aranda ha puesto en valor en valor que es una ley hecha pensando en "jueces y juezas, fiscales, abogados, procuradores, mediadores, profesionales de Derecho colaborativo" y, sobre todo y en última instancia, "en el usuario final de la justicia, que son los ciudadanos y ciudadanas".

Entre otras cuestiones incluidas en este Proyecto de Ley, destacan aspectos como la renovación de toda la planta judicial, con la instauración de los Tribunales de Instancia y de las Oficinas de Justicia municipales, el mantenimiento de los juzgados de paz, la eliminación de las Golden Visa, la regulación de la situación de los jueces sustitutos, la especialización de los juzgados de infancia, familia y capacidad, o la apuesta por los medios alternativos de resolución de conflictos.

Así, existirá un único tribunal asistido por una única organización que le dará soporte, la Oficina judicial, y no existirán ya juzgados con su propia forma de funcionamiento, como son los actuales juzgados unipersonales.

Esta organización judicial y los mecanismos de interrelación que la ley establece entre el Tribunal de Instancia y la Oficina judicial que le presta apoyo permitirán la corrección de las disfunciones derivadas de las diferentes formas de proceder en aspectos puramente organizativos y procedimentales.

Oficinas municipales para los juzgados de paz

Se aborda también la evolución de los Juzgados de Paz los cuales fueron creados por el Real Decreto de 22 de octubre de 1855. Así, se va a crear la Oficina de Justicia en el municipio, que es una estructura administrativa que se nutre de las actuales secretarías de los Juzgados de Paz.

Esta oficina, no sólo mantendrá los actuales servicios, sino que los ampliará, aumentando su catálogo de gestiones dentro de la Administración de Justicia y acercándola a todos los municipios. La Oficina de Justicia en el municipio cumple, desde otra perspectiva, la función social que la Justicia de paz ha tenido durante tanto tiempo, adaptando el servicio y sustituye a los Juzgados de Paz, cuya figura desaparece del ordenamiento.

Asimismo, se ha decidido que la parte referida a las acciones colectivas para la protección y defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios se regulará a través de otra ley.

Una vez aprobado en Comisión, el dictamen continuará su tramitación en Pleno.