Una enmienda del PP plantea eliminar la protección a los empleados que denuncien para proteger sus derechos
- Es una de las relevantes novedades de la Ley del Derecho a la Defensa
Eva Díaz
Madrid,
El PP propone eliminar la protección a los trabajadores que denuncien para proteger sus derechos. El grupo parlamentario en el Senado ha presentado una enmienda a la Ley Orgánica del Derecho a la Defensa para suprimir esta parte de la futura norma que busca garantizar el derecho a la defensa de todos los ciudadanos y la función de abogados, jueces y otros profesionales durante cualquier procedimiento judicial.
Esta ley establecía como una novedad relevante el blindaje de cualquier trabajador que inicie acciones legales. Concretamente, el artículo 12, en su punto tercero, indica: "Las personas trabajadoras tienen derecho a la indemnidad frente a las consecuencias desfavorables que pudieran sufrir por la realización de cualquier actuación conducente al ejercicio de sus derechos de defensa".
Ahora, el PP ha presentado la enmienda número 28 a la norma para suprimir este punto. La argumentación; mejorar la técnica legislativa.
Novedades de la norma
La Ley del Derecho a la Defensa trae relevantes novedades. Entre ellas, destaca que por primera vez se permitirá a los colegios de abogados publicar el coste orientativo de una condena en costas para que los clientes puedan conocer el golpe económica que afrontan si pierden.
Además, también amplía los derechos de conciliación de los abogados y el disfrute a los permisos por maternidad y paternidad.
Los abogados también tendrán derecho a solicitar la suspensión de un procedimiento judicial o un señalamiento en casos de fuerza mayor como el nacimiento o cuidado del menor, adopción o acogimiento de menores, la hospitalización del cónyuge o pareja de hecho, o de familiar a cargo, así como por el fallecimiento de un pariente de hasta segundo grado. Además, podrán solicitar la suspensión de un juicio por accidente o baja médica. No obstante, deja fuera el derecho a la desconexión digital.
La norma también prohíbe que se aporte como prueba en un proceso judicial las comunicaciones, como correos electrónicos, intercambiadas entre los abogados de las partes.