Las reclamaciones de los contribuyentes contra Hacienda crecen un 32% en cinco años

Las reclamaciones de los contribuyentes contra la Agencia Tributaria por vía administrativa (es decir, al margen de los tribunales) se han incrementado un 32% entre 2019 y 2023, pasando de 180.916 a 239.177, respectivamente.

El presidente del Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC), José Antonio Marco Sanjuán, y el presidente del Tribunal Económico Administrativo Regional de Cataluña (TEARC), Xavier Suñé Negre, indicaron este miércoles en un acto que conmemora el centenario del TEAC organizado por el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) del Consejo General de Economistas (CGE) que, a pesar del incremento de las reclamaciones y que el número de empleados de dichos órganos ha caído un 13% en esos cinco años, la tasa de asuntos pendientes de resolución cayó un 40%.

Los tribunales económicos administrativos son órganos integrados en el Ministerio de Hacienda que resuelven los conflictos de los contribuyentes contra el fisco en materia de impuestos y sanciones tributarias. Cada Comunidad Autónoma cuenta con el suyo. Los contribuyentes pueden reclamar ante los tribunales regionales y, después, elevar un recurso de alzada al Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC), o acudir directamente a este último. Tanto la Agencia Tributaria como el contribuyente, ya sea particular o empresa, pueden acudir a los tribunales de justicia si están disconformes con la resolución de los tribunales económicos-administrativos.

Según los datos aportados por José Antonio Marco y Xavier Suñé, con las cifras de 2022, las resoluciones de estos tribunales a favor del contribuyente suponen el 37% del total (93.928 de casos); en contra, hasta el 51% (129.023) y las archivadas fueron el 12% (30.314).

El presidente del Consejo General de Economistas (CGE), Valentín Pich, puso en valor la labor desarrollada por los tribunales económico-administrativos, pero ha alertado sobre "la intrincada telaraña de normativa tributaria", que, según Pich, "constituye uno de los principales obstáculos para una gestión eficiente". Para el presidente de los economistas, "la excesiva complejidad en la interpretación de las normativas fiscales no solo genera incertidumbre entre los contribuyentes, sino que también aumenta la litigiosidad; por ello sería fundamental simplificar y clarificar las normativas para facilitar la labor de los tribunales económico-administrativos".