Legal
Un estudio del Parlamento Europeo reivindica el derecho de acceso ciudadano a los documentos mediante las últimas tecnologías
- Las instituciones de la UE deben considerar los correo electrónicos son documentos
- Se pide ampliar la definición de documento a formas más nuevas para favorecer la divulgación
- Las instituciones de la UE deben acatar las recomendaciones del Defensor del Pueblo
Xavier Gil Pecharromán
El Parlamento Europeo debe pedir a las instituciones, órganos y agencias de la UE que motiven oficialmente y expongan las causas por las que se niegan a aplicar la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) y las recomendaciones del Defensor del Pueblo Europeo sobre el derecho de acceso de los ciudadanos a los documentos oficiales.
Así, lo manifiesta el Estudio sobre el Reglamento del derecho de los ciudadanos a acceder a los documentos oficiales, incluida la versión digital, elaborado por el Departamento Temático de Derechos de los Ciudadanos y Asuntos Constitucionales del Europarlamento, en sus recomendaciones.
El estudio se hace eco del llamamiento del Defensor del Pueblo Europeo a favor de una transparencia proactiva y muy especialmente con relación a las nuevas tecnologías.Uso del correo electrónico.
Se solicita que las instituciones de la UE consideren que los mensajes de correo electrónico son documentos en virtud del Reglamento de acceso y establecer directrices internas claras propias en este sentido, así como favorecer la divulgación al ampliar la definición de documento a formas más nuevas de contenido y soporte en el contexto digital.
Con respecto al Consejo, se indica que éste debe adoptar las recomendaciones del Defensor del Pueblo Europeo y enumerar todos los tipos de documentos del proceso legislativo del Consejo en el registro público de la institución.
En cuanto a Frontex, se le invita a acatar las recomendaciones del Defensor del Pueblo y aceptar los correos electrónicos como medio común de comunicación para las solicitudes de acceso a documentos.
Considera el estudio, por otra parte, que las instituciones de la UE deberían garantizar el derecho democrático de los ciudadanos a conocer e influir en el proceso de toma de decisiones, en particular cuando es de naturaleza legislativa, así como el derecho de participación de las partes interesadas a proporcionar información durante el procedimiento legislativo.