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La Abogacía de Madrid rechaza la orden que suma el tiempo pasado como becario para mejorar la pensión

  • El ICAM considera que las exigencias suponen una carga desproporcionada
  • No están de acuerdo con las condiciones retroactivas en las cotizaciones
  • Reafirma su compromiso de defensa de los derechos de los abogados
Eugenio Ribón, decano del ICAM. Foto: eE

Xavier Gil Pecharromán

El Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha trasladado a la ministra de Seguridad Social su disconformidad con la Orden que establece los requisitos para la suscripción de un convenio especial con la Seguridad Social sobre la cotización por períodos de prácticas formativas y académicas externas realizadas antes del establecimiento de esta nueva norma.

El ICAM urge al Ministerio a reconsiderar la norma y buscar soluciones que apoyen la integración de estos profesionales al sistema de Seguridad Social sin imponerles cargas retroactivas que no corresponden a su situación laboral en el momento de sus prácticas. Por ello, solicita una reforma justa, equitativa y considerada, que refleje sus necesidades y las realidades.

Un gran obstáculo

El Colegio de Abogados considera que esta orden ministerial no solo no resuelve, sino que agrava las dificultades ya enfrentadas por los jóvenes profesionales que han realizado prácticas no remuneradas y remuneradas en su etapa formativa.

La obligación de acreditar mediante certificación la realización de estas prácticas, sumado al requisito de que dichas prácticas deben haberse realizado en fechas específicas y bajo ciertas condiciones, representa una carga administrativa desproporcionada y un obstáculo significativo para aquellos que buscan regularizar su situación ante la Seguridad Social.

Además, el requerimiento de suscribir el convenio especial en un plazo de dos años y el hecho de que se impongan condiciones retroactivas, en términos de cotización, no solo se ve injusto sino que también penaliza a quienes en su momento no tuvieron opción de incluirse en el sistema.

Se considera que estas condiciones implican una penalización económica considerable para los profesionales que ya enfrentan desafíos significativos en un mercado laboral competitivo y en ocasiones precario.

El ICAM se solidariza y se suma a todas las voces profesionales y académicas que han manifestado su disconformidad con esta orden y reafirma su compromiso de seguir defendiendo los intereses y derechos de los abogados en formación y de todos los profesionales afectados por regulaciones que no consideran adecuadamente las implicaciones a largo plazo para su desarrollo profesional y bienestar económico.

En este sentido, el Decano del ICAM, Eugenio Ribón, como presidente de la Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid que integra a todos los Colegios madrileños promoverá un posicionamiento unitario de este organismo en el mismo se