Rechazo de la Abogacía y el ICAM a la acusación sobre que los letrados dilatan de mala fe las actuaciones

El Consejo General de la Abogacía Española y el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) rechazan las acusaciones del Defensor del Pueblo sobre que los letradas dilatan las actuaciones judiciales a mala fe. El Defensor del Pueblo reclamó al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que aplique las "herramientas legales de las que disponen para evitar actuaciones dilatorias de mala fe de los letrados, que perjudican el derecho a la justicia sin dilaciones indebidas" en su Informe Anual de 2023, dado a conocer el pasado viernes.

La Abogacía, en un comunicado emitido este lunes, señala que es "absolutamente inapropiado" trasladar una recomendación como si se tratase de un comportamiento habitual y generalizado de la abogacía española, cuando la misma parte de un el caso concreto objeto de una queja. "En modo alguno esta afirmación está sustentada en ningún dato concreto y se produce un gran daño a la imagen de los profesionales de la abogacía", dice.

Asimismo, señala que la Abogacía Española siempre actúa desde el principio de buena fe procesal y es el primer defensor del derecho a justicia sin dilaciones indebidas. "Somos precisamente nosotros los que vivimos, diariamente, los retrasos que, en muchos casos por falta de medios, se producen en la actividad diaria de nuestros juzgados y tribunales, con señalamientos que se demoran durante varios años. La abogacía no realiza actuaciones dilatorias ni de buena, ni por supuesto de mala fe. Al contrario, hemos reiterado que esta lentitud de la justicia es la que supone la mayor merma del derecho a la tutela judicial efectiva y queremos recordar, una vez más, el compromiso de la Abogacía en la búsqueda de soluciones que, en modo alguno, tienen que ver con las propuestas por el Defensor del Pueblo", indica. En consecuencia, este insta al Defensor del Pueblo para que replantee los términos de la recomendación efectuada.

Solicitud de rectificación

Por su parte, el ICAM, que también ha emitido un comunicado este lunes, solicita una rectificación al Defensor del Pueblo. El Decano Eugenio Ribón traslada a Ángel Gabilondo, quien dirige el organismo, que las dilaciones se tratan de un problema gravísimo "que venimos sufriendo desde hace años tantos los profesionales de la abogacía y la procura como nuestros clientes, pero lejos de ser partícipes de tal situación somos sus víctimas".

El Decano ha recordado que los plazos para los profesionales de la abogacía son preclusivos y por lo tanto están sometidos a aquéllos, en tanto que las dilaciones se producen por razón de su incumplimiento en los propios órganos judiciales, sometidos a una carencia de medios y recursos que no les permite con demasiada frecuencia cumplir con las previsiones legales. Resulta ilustrativo el caso de los Juzgados de cláusulas abusivas en Madrid que acumulan miles de procedimientos pendientes de ciudadanos y que se demoran hasta cuatro años en la mera incoación del procedimiento. Así mismo, el Decano ha recordado como tanto con el Covid-19 como con las sucesivas huelgas de funcionarios y Letrados de la Administración de Justicia se han suspendido miles de procedimientos en tanto que los letrados permanecían trabajando y atendiendo cuantas notificaciones recibían.

El decano del ICAM considera que esta interpretación errónea es producto de la falta de datos que maneja el Defensor del Pueblo, por lo que el escrito que hoy le ha remitido se pone a su disposición para aportarle cuanta información necesite para aclarar las valoraciones vertidas en su Informe.