El presidente del CGPJ critica que el verdadero motivo de la ley de amnistía es el pacto de Gobierno

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha votado hoy con el respaldo de 9 de los 16 miembros que lo componen el informe sobre la ley de amnistía que cuestiona su encaje constitucional. El presidente del órgano, Vicente Guilarte, ha votado en blanco y lo ha justificado en que ninguno de los dos informes que se valoraban ha profundizado que la ley realmente era la moneda de cambio del PSOE a Junts para que le apoyara para formar Gobierno. Guilarte ha señalado que esa es la causa real y onerosa de la proposición de ley, sustituida en al exposición de motivos por la pretensión pacificadora de la sociedad catalana.

La mayoría del Pleno ha escogido el texto propuesto por el vocal conservador Wenceslao Olea frente al de la progresista Mar Cabrejas.

El informe de Olea concluye, entre otros aspectos, que la proposición de ley "no tiene encaje en la Constitución", pues este tipo de medida de gracia quedó excluido de su articulado de forma consciente. Sostiene, además, que la exposición de motivos no justifica la adecuación del texto legal a los principios y valores contenidos en la Carta Magna. También cuestiona la tramitación parlamentaria elegida, que considera arbitraria al no justificar la urgencia. Atendiendo a la excepcionalidad jurídica y a la trascendencia social de la norma, debía haberse tramitado como proyecto de ley.

Respecto del articulado, el informe advierte de que el texto es indeterminado y puede dar lugar a interpretaciones jurídicas diversas, en detrimento de la seguridad jurídica. Asimismo, considera que se debe excluir de la amnistía de todos los delitos de terrorismo, sea más o menos grave, conforme a las leyes nacionales. Entiende que la futura ley de amnistía también es contraria a la norma actual al permitir no suspender un proceso judicial cuando haya una cuestión de inconstitucionalidad o una cuestión prejudicial en el tribunal europeo sobre la causa.

Por último, el informe subraya que lo confuso del articulado de la proposición de ley hace muy difícil su interpretación por los tribunales, lo que genera inseguridad jurídica y favorece el riesgo de suscitar el reproche a los jueces de aplicar la ley en contra de lo que pretende el legislador.