Ocho vocales conservadores del CGPJ piden un Pleno para rechazar de forma tajante la amnistía

Ocho vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carmen Llombart Pérez, José Antonio Ballestero Pascual, Francisco, Gerardo Martínez-Tristán, Juan Manuel Fernández Martínez, Juan Martínez Moya, José María Macías Castaño, Nuria Díaz Abad y María Ángeles Carmona Vergara, han solicitado al presidente del órgano por suplencia, Vicente Guilarte, un Pleno extraordinaria para tratar un único punto en el orden del día: rechazar la amnistía.

En un escrito de cuatro páginas fechado a 31 de octubre y al que ha tenido acceso este diario, los vocales señalan que tras confirmar el presidente en funciones, Pedro Sánchez, el pasado 28 de octubre que ha pactado una Ley de Amnistía para beneficiar al expresidente de la Generalitat catalana, Carles Puigdemont, y así formar Gobierno, "por el interés de España", el CGPJ debe emitir su opinión al respecto mediante una declaración institucional. "Tanto más cuanto que también se ha hecho público que, pese a que el Gobierno de España se presenta como su promotor, la futura ley de amnistía se tramitará como proposición de ley, con lo que se eludirá, una vez más, la función consultiva de este Consejo en aspectos sobre los que la Ley Orgánica del Poder Judicial exige su intervención", apuntan.

"Confundir el interés de España con el interés del Presidente del Gobierno en funciones para evitar la hipotética formación de gobiernos de partidos de una ideología diferente a la suya es algo manifiestamente incompatible con la alternancia política, ínsita en el principio básico de pluralismo político que, según el artículo 1 de nuestra Constitución, es un valor superior de nuestro ordenamiento jurídico", añaden los vocales.

De un lado, los vocales firmantes denuncian que la amnistía no es compatible con el principio de Estado de derecho proclamado por el artículo 1 de la Constitución, y ni tan siquiera con el principio de responsabilidad de los poderes públicos al que se refiere su artículo 9.3, que los responsables políticos queden exentos de responder de sus delitos ante los tribunales, cualquiera que sea la naturaleza de sus delitos, para que un aspirante a Presidente del Gobierno pueda conseguir el beneficio personal y político de impedir el gobierno de otras fuerzas políticas.

Añaden que generar una casta jurídicamente irresponsable e impune por sus delitos supone contravenir el principio de igualdad de los ciudadanos ante la ley que proclama el artículo 14 de la Constitución.

También critican que la amnistía violenta la independencia de los tribunales ya que se contraviene la efectividad de sus decisiones. Finalmente, aseguran que la amnistía choca con los compromiso asumidos por España en los artículos 2 y 19 del Tratado de la Unión Europea para que en todo momento prevalezcan los principios de Estado de derecho e independencia judicial.