Choque en el Congreso por la Ley de Función Pública que permite al Ejecutivo ascender funcionarios 'a dedo'

Choque de fuerzas en el Congreso por la polémica disposición del Proyecto de Ley de Función Pública que busca que el Gobierno pueda modificar a dedo cuerpos y escalas de funcionarios, lo que incluye los respectivos ascensos que considere oportunos. Mientras tres grupos parlamentarios buscan incrementar de seis meses a un año el tiempo al Ejecutivo para modificar cuerpos de funcionarios, concretamente Unidas Podemos, PNV y Grupo Parlamentario Plural, otros tres grupos como PP, Ciudadanos y Vox proponen eliminar esta disposición adicional séptima del proyecto de ley.

Los argumentos esgrimidos por los tres partidos que apoyan ampliar el plazo pasan por tener en cuenta que "buena parte de los primeros seis meses se agotarán con el transcurso de un gobierno en funciones hasta la constitución del nuevo Gobierno que se constituya tras las elecciones generales" y mejorar la técnica legislativa.

El Proyecto de Ley de Función Pública, aprobado el 16 de marzo en segunda vuelta por el Consejo de Ministros, está ahora en el Congreso para su tramitación parlamentaria. Precisamente, uno de los puntos más polémicos de esta norma es la potestad que se arroga el Gobierno para cambiar a funcionarios a su antojo. De hecho, la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), organización más crítica con este punto, ha remitido en los últimos meses a los distintos grupos parlamentarios observaciones en las que reclaman la eliminación de esta disposición en la norma, ya que la consideran una "atribución competencial exorbitante". "Se acompaña de una redacción tan confusa y ambigua, lo que la hace potencialmente peligrosa y abierta a la discrecionalidad", advierten y añaden que esta habilitación haría que el Gobierno, durante ese plazo que ahora se quiere ampliar, tuviera el mismo poder legislativo de las Cortes para hacer y deshacer lo que quiera en grupos de clasificación de funcionarios.

Asimismo, el Grupo Parlamentario Popular, propone la eliminación del polémico punto bajo el argumento de que "supone una extraordinaria autorización al Gobierno, aunque temporal soslayando el rango normativo necesario para las reformas de calado que se mencionan, se considera injustificada y exorbitante, y además su motivación ni siquiera no figura incluida en la exposición de motivos". Por tanto, el grupo propone sustituir este punto por el siguiente: "Por ley se podrán ampliar y modificar los cuerpos y escalas del subgrupo B, así como establecer los requisitos correspondientes de acceso". El objetivo es que al mismo tiempo se incluye la posibilidad de ampliar y modificar los subgrupos B, pero mediante ley.

Entre el resto de enmiendas presentadas, destacan la de limitar la jornada semanal de los funcionarios a 35 horas, propuesta planteada por Ciudadanos, Unidas Podemos y Grupo Parlamentario Plural. La norma también ha sido especialmente criticada por los sindicatos porque no desarrolla de forma suficiente la opción del teletrabajo, ya que no se marca como un derecho, será voluntario, temporal y reversible. A este respecto, los partidos no plantean enmiendas sustantivas más que asegurar que si determinados funcionarios pueden teletrabajar, la regulación de esta modalidad pase por la negociación sindical.

Por otro lado, las enmiendas también buscan mantener al funcionario en su puesto a pesar de que se demuestre, tras una evaluación del desempeño, un bajo rendimiento. Así, Unidas Podemos plantea que no se pueda cambiar al trabajador de puesto pese a una negativa evaluación y que se cree una Comisión de Valoración de la Evaluación del Desempeño que cuente con la participación de la Administración y los sindicatos. Finalmente, Podemos busca volver a la norma anterior y permitir que la excedencia voluntaria tenga una duración mínima de un año (en vez de dos) y máxima de 15 años, en vez de diez.