Los letrados de Justicia culpan al Ministerio de Justicia de los efectos de la huelga indefinida que se inicia este martes en juzgados y tribunales

Los letrados de la Administración de Justicia (LAJ) han convocado la primera huelga indefinida de su historia desde este martes, 24 de enero, tras haber asumido hasta 300 importantes competencias desde la entrada en vigor de la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, lo que ha llevado al CEPEJ, organismo europeo que valora la eficacia de los sistemas judiciales ha considerar que realizan funciones "cuasijudiciales".

Las tres asociaciones convocantes -el Colegio Nacional de LAJ, la Unión Progresista de LAJ (UPSJ) y la Asociación Independiente de Letrados (AinLAJ)- consideran que el contexto económico crítico y la responsabilidad con la ciudadanía han llevado al aplazamiento de la adecuación salarial prometida por el Ejecutivo.

Más de diez años después, esa reivindicación, los LAJ han decidido que, ante la falta de respuesta del Ministerio, es el momento de reivindicar de una vez por todas la adecuación salarial, aunque estiman que los efectos de la huelga, paralizando el sistema judicial, tendrá efectos devastadores.

El presidente del Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia, Ernesto Casado, explica que "llevamos muchos años reclamando la adecuación salarial que reconozca el aumento de competencias asumidas y estamos viendo como el Ministerio incumple los compromisos que asumió en abril, lo que nos ha llevado a convocar el año pasado hasta cuatro días de huelga que ha ignorado".

Y añade que "no solo eso, sino que sigue incumpliendo sistemáticamente las obligaciones que tiene de convocar a las asociaciones de LAJ, al comité de huelga y al Consejo del Secretariado. Ante ello, hacemos responsable al Ministerio de las consecuencias de una huelga que hemos intentado evitar por todos los medios".

Una dilatada actividad

Los LAJ son fedatarios judiciales, encargados de documentar los juicios y demás actuaciones, directores de todas las oficinas judiciales, y además se encargan de la dirección procesal de los asuntos, hasta el punto de que dictan las resoluciones necesarias para que los procesos sigan su curso desde su admisión (dictan más de tres millones de decretos) hasta que es necesaria la intervención del juez esencialmente para celebrar el juicio y dictar sentencia.

Los LAJ asumen también la ejecución de sentencias, la gestión de las cuentas judiciales que tienen un saldo medio de 4.500 millones de euros, la realización de investigaciones patrimoniales (unas 110.000 diarias), embargos telemáticos (por valor de 1,8 millones diarios), subastas, embargos, etc.

Una subida de 195 euros

A este respecto, Casado explica que "dice el secretario de Estado que estamos adoptando posturas 'maximalistas'. Esa cifra sí que es maximalista: los Letrados de la Administración de Justicia hemos tenido el mismo incremento que los funcionarios de Justicia: 195 euros brutos en tres años desde 2021, cuantía que supera en 10 euros la cantidad asignada a los funcionarios de los cuerpos generales; eso significa que valoran el incremento de funciones que hemos tenido en 10 euros mensuales, lo que nos ha obligado a recurrir el pacto salarial".

Y continúa justificando que "junto a ello hemos tenido el mismo incremento que el resto de la función pública, en torno al 9% en tres años cuando en este año hemos visto una inflación de dos dígitos. Este incremento es fruto del aumento salarial que el Ministerio ha pactado con los sindicatos derivado del aumento del IPC por la inflación y que afecta a todos los funcionarios integrantes de la oficina judicial. La adecuación salarial que nosotros venimos reclamando como es fruto de la asunción de las nuevas competencias que hemos asumido en los últimos años".

Apelaciones al presidente Sánchez

La Unión Progresista de LAJ (UPSJ), la Asociación Independiente de Letrados (AinLAJ) y el Colegio Nacional de LAJ reprochan al Gobierno que hasta ahora no se haya introducido una enmienda a la Ley de Eficiencia Organizativa para que "las retribuciones del cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia se referencien a las correspondientes a la carrera judicial, en la proporción de mejora que se considere adecuada a las responsabilidades inherentes a este colectivo".

Los convocantes de la huelga indefinida llegaron a apelar a la "autoridad" de Pedro Sánchez, ante la "gestión insensible e irresponsable del Ministerio dirigido por Pilar Llop". "Depende tan solo del Gobierno que usted preside aprobar las modificaciones de los Reales Decretos retributivos y el Estatuto Orgánico", afirmaban en un comunicado conjunto.

Los convocantes señalan como "detonante" del conflicto el acuerdo que el Ministerio de Justicia firmó en diciembre de 2021 con los sindicatos de los cuerpos generales "sin desarrollar debidamente la adecuación salarial a las últimas reformas procesales prevista en el segundo párrafo de la Disposición Adicional 157 de la Ley 11/2020 de Presupuestos Generales del Estado para 2021".

Las consecuencias de la huelga

¿En qué va a afectar al ciudadano la huelga convocada por los Letrados de la Administración de Justicia?

"Salvo las actuaciones directamente ligadas al ejercicio de la actividad jurisdiccional y las incluidas en los servicios mínimos, todo lo demás quedará paralizado. En consecuencia, no se admitirán demandas, no se harán juicios y no se ejecutarán las sentencias. No se harán lanzamientos y no se entregará ninguna cantidad de dinero procedente de indemnizaciones (cuando ordinariamente se hacen por los LAJ abonos por importe de 32 millones de euros diarios)", explica Casado.

La ejecución de sentencias

Por otra parte, los LAJ rechazan la posibilidad de que el Ministerio y los Procuradores puedan alcanzar un acuerdo por el que éstos se hagan cargo de las ejecuciones de sentencias.

A este respecto, Ernesto Casado afirma que: "el Ministerio de Justicia ha querido escenificar un enfrentamiento Letrados de Justicia frente a Procuradores que es artificial. Los informes del CGPJ, del Consejo de Estado y de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, han dejado clara la situación, no tenemos que añadir nada. Nosotros nos encargamos de ejecutar las sentencias, con independencia y en condiciones de igualdad, dentro de los límites del artículo 117 de la Constitución. No obstante no estamos seguros de que en el Ministerio de Justicia piensen lo mismo. No tiene ningún sentido que los representantes de las partes asuman competencias en la ejecución de las resoluciones judiciales, abriendo la puerta a una Justicia de ricos y otra de pobres. Resultaría inaudito que el representante de una gran empresa de cualquier tipo, del ámbito financiero, seguros, transporte, comercio… se encargue de ejecutar las sentencias que le favorecen".

Y se pregunta si "¿alguien imagina que una de la partes del proceso pueda acceder de forma indiscriminada a todos los datos más privados de la otra: datos fiscales, bancarios, domicilios, catastro, vehículos, etc. ? ¿O que puedan esos representantes privados hacer embargos, o ejecutar lanzamientos? Imagínese una sentencia de desahucio. ¿Como se tomará el demandado que el desalojo lo lleve a cabo el representante procesal de la parte contraria, sin intervención de ningún funcionario público y encima tenga que pagar sus honorarios?".

Y concluye señalando que "como he dicho, en un plazo de tiempo muy breve el expediente electrónico va a ser una realidad, se va a pasar de un expediente analógico a un expediente totalmente electrónico en el que todas las instituciones, profesionales de la administración de justicia e incluso ciudadanos se van a relacionar con los juzgados y tribunales electrónicamente. Esta es una de las vías que debe seguirse para agilizar todos los expedientes judiciales, estén en fase declarativa o en ejecución, así como implantar en todas las oficinas judiciales de servicios comunes".

El Ministerio descalifica la huelga 

Antonio 'Tontxu' Rodríguez, por su parte, ha calificado la huelga de política y de "ir contra el pueblo". Rodríguez ha reprochado la actitud de las tres asociaciones convocantes de la huelga al considerar que la huelga indefinida "no tiene ningún motivo laboral", sino "claro motivos políticos".

"Rebasa con mucho los objetivos sindicales y laborales", ha dicho al tiempo que ha recordado que las asociaciones "no son sindicatos" y que, por ende, no tienen reconocida en la Constitución la participación en la negociación colectiva.