La Asociación de Medios de Información denuncia que la futura Ley de Información Clasificada amenaza la libertad de información

La Asociación de Medios de Información (AMI) denuncia que el Anteproyecto de Ley de Información Clasificada, impulsado por el Gobierno "es incompatible con nuestro sistema democrático, porque limita de forma desproporcionada los derechos fundamentales de libertad de expresión e información, a través de la ampliación de los supuestos que amparan la clasificación de la información en ámbitos que nada tienen que ver con la protección de la seguridad y defensa nacional dentro del marco constitucional".

AMI, que representa a los medios de comunicación, denuncia que con la introducción de estas medidas, se dificulta o imposibilita el ejercicio del derecho a la libertad de información al impedirse el conocimiento por los ciudadanos de las actividades llevadas a cabo por los poderes públicos en el ejercicio de sus funciones.

En una nota publicada, considera que la clasificación de la información por las autoridades puede encontrar su justificación en razones de orden público o seguridad nacional.

Sin embargo, el ámbito de aplicación de la información protegida bajo secreto debe ser extremadamente restringido, por cuanto conlleva la ocultación de información a los ciudadanos sobre la actuación de los poderes públicos y no resulta legítimo que se restrinja la libertad de información fuera de la seguridad y defensa nacional.

Además, señala que no se justifican la tramitación urgente del anteproyecto, su publicación en agosto o la brevedad del plazo conferido para formular alegaciones. La información clasificada debe ser regulada por una ley orgánica y no por una ley ordinaria.

Se amplían en exceso los supuestos que permiten la clasificación de información a ámbitos distintos de la seguridad y la defensa nacional. Las razones que justifican esta clasificación se enumeran de una manera genérica, lo que amplía de manera muy relevante los supuestos.

Estima la AMI que la norma es una puerta abierta a la discrecionalidad del Gobierno. Además, el gran número de altos cargos de nombramiento político con capacidad para clasificar materias, prácticamente sin ningún control, pudiendo, incluso, delegar en terceros esta facultad. Y los plazos para desclasificar la información son excesivamente largos, lo que facilita la ocultación de la información exonerando a las autoridades de su deber de rendición de cuentas frente al ciudadano.

Las sanciones por revelación de información clasificada no deberían aplicarse a los medios de comunicación que difundan información de interés público que no afecte a la seguridad y defensa nacional.

Las sanciones pueden ser impuestas por autoridades administrativas y no por una autoridad judicial, como debería ocurrir cuando los hechos afectan a un derecho fundamental.