May baraja un adelanto electoral suicida en Reino Unido por la parálisis del Brexit

El bloqueo del Brexit ha llevado a Theresa May a considerar el adelanto electoral como la solución de riesgo para evitar el colapso del Gobierno y una escisión en la derecha británica. Pese a la amenaza de una aniquilación en las urnas, dado el desgaste del Ejecutivo y las probadas evidencias de sus extremas limitaciones como candidata, la primera ministra estaría dispuesta a apostar por una huida hacia adelante, ya que elegir entre cualquiera de las opciones para superar la parálisis la obligaría a alinearse con uno de los frentes de la guerra civil en la que ha derivado el divorcio y, como consecuencia, desencadenaría un enfrentamiento directo con potencial de precipitar la caída del Gobierno.

Inmune a la humillación tras las tres derrotas de su acuerdo el Parlamento, May sigue dispuesta a luchar por él como la única apuesta que, en su opinión, materializa el resultado del referéndum, frente a la salida blanda que Westminster observa ya como antídoto contra la obstrucción. Su objetivo es contraponer el control de la inmigración y la independencia para establecer pactos comerciales contenidos en su plan a la continuidad en la unión aduanera hacia la que se encamina la Cámara de los Comunes, una vez completada su ofensiva sin precedentes para asumir el control del proceso.

La esperanza del Número 10 es que los rebeldes que se negaban a apoyar la propuesta de May por no resultar lo suficientemente radical reaccionarán ante la evidencia de que su ofuscación podría acabar conduciendo a una suavización de la fórmula actualmente sobre la mesa. De ahí que la premier prevea una cuarta tentativa esta misma semana, después de que la cadena de votos indicativos previstos hoy mismo permitan transmitir, por primera vez, una idea clara de qué sería aceptable, tras la campaña de coordinación promovida por los diputados para asegurar que al menos una opción alcanza la mayoría.

Ninguno de los ocho planteamientos sometidos a consulta la semana pasada lo habían logrado, pero una tendencia quedó clara: el desbloqueo pasa por una unión arancelaria o, incluso, un segundo referéndum, dada la división entre los conservadores y que el Laborismo apoya ambos. La propuesta no sería vinculante, por lo que el Parlamento estaría preparado para contraatacar, si la primera ministra ignora su mandato. De hacerlo, Reino Unido se adentraría en el resbaladizo territorio de la crisis constitucional, puesto que, desafiando todas las convenciones del procedimiento democrático, Westminster asumiría la iniciativa legislativa, una prerrogativa competencia del Gobierno.

Su beligerancia generaría un panorama en el que todos los caminos conducirían a la derrota, ya que las cartas estarían marcadas y cualquier elección antagonizaría a la facción rival. Como consecuencia, cuando asuma que su plan es inviable, y lo será mientras el núcleo duro tory y el DUP sigan votando en contra, la primera ministra se enfrenta a un dilema sin solución: aceptar el Brexit blando que le exigirá el Parlamento provocaría una dimisión en cadena de los ministros anti-UE y la repudia de la mitad de su grupo parlamentario, mientras que atreverse a una salida no pactada envalentonaría a Westminster, que ha dejado claro que la rechaza, y granjearía la renuncia del contingente pro-Bruselas del Gobierno.

Por ello, la solución aparentemente lógica serían nuevas elecciones, pero el pragmatismo perdió vigencia en Reino Unido hace tiempo y, por si fuera poco, una reforma promovida en el arranque de la coalición liderada por David Cameron ha retirado del inquilino de turno del Número 10 la competencia de convocar un adelanto electoral. Ssería necesaria la aprobación de dos tercios del Parlamento, un apoyo que podría resultar imposible, dado el temor entre miembros del Ejecutivo y diputados tories a un descalabro en las urnas mayor incluso que el de 2017.