La polémica por la liberación de Lula agrava la crisis institucional en Brasil

Pocos meses antes de las elecciones Brasil está polarizado y la sociedad se encuentra sumida en el pesimismo. Hay dos motivos: por un lado el trauma colectivo que significó la trama de corrupción de Petrobras, donde participaron altos funcionarios, incluido el mismo Luiz Inácio Lula da Silva, según lo establecido por el juez Sergio Moro titular de la investigación, y por otro lado el desplome económico en el Gobierno de Dilma Rousseff.

Analistas y expertos internacionales sostienen que las principales reformas del actual Gobierno empiezan a sacar a Brasil de la profunda crisis en que lo dejaron las sucesivas administraciones del Partido de los Trabajadores (PT). Pero esas reformas que tenían como propósito arreglar la economía en el medio y largo plazo, al reducir el gasto estatal, progresan con lentitud. Según una encuesta del mes pasado el 62% de los brasileños entre 16 y 24 años se irían de su patria si pudieran. Una reciente huelga nacional de camioneros paralizó el país y obligó al Gobierno a abandonar un plan para incrementar los precios de la gasolina en respuesta a los crecientes precios del petróleo.

Además, siguen los procesos por corrupción a muchos políticos de diversos partidos. El caso más emblemático, el del expresidente Lula quien lidera las encuestas. El juez Moro le condenó a nueve años de prisión por corrupción. La muerte política de Lula parecía un hecho pero hace una semana, después de varias solicitudes del PT, el juez de un tribunal regional, Rogerio Favreto, argumentando una falta de fundamentos jurídicos para el encarcelamiento, concedió al exmandatario un habeas corpus. Renacía así la esperanza para el aclamado líder de izquierdas y sus incondicionales pero lo ocurrido a continuación es una muestra más de la fractura en la justicia y la sociedad.

A pocas horas de la orden de liberación, el juez João Pedro Gerbran Neto revocó la decisión. Y el mismo Moro, declaró que Favreto no tiene la potestad para sacarlo de la prisión. El político seguirá recluido, tiene seis procesos más aparte del que lo llevó a prisión y tendrá que esperar hasta el 15 de agosto, cuando la justicia electoral se pronuncie si puede o no figurar como candidato en la papeleta aunque su partido no tiene de momento una alternativa para llenar la vacante.

Hay que añadir la proximidad política de Favreto al PT, quien fue miembro de dicho partido durante 19 años y ocupó cargos en el Gobierno de Lula. Se sospecha que se habrían aprovechado de que el Favreto estaba de servicio el fin de semana para intentar liberar a Lula.

entre tanto, los ciudadanos ven con desazón que cada juez juzga según sus gustos políticos. Se duda de la independencia de la Justicia ya que sus decisiones distan de basarse únicamente en fundamentos legales. El daño por la politización del poder judicial es inmenso y que sumada a la zozobra social agrava la crisis institucional.

Lula tiene el 33 por ciento de intención de voto contra el 15 del segundo, el militar retirado y senador ultraderechista al que llaman el "Trump brasileño". Les sigue la ecologista Marina Silva dispuesta a mantener el grueso de las políticas impulsadas por Michel Temer. Aunque sin estructura partidaria, Silva acumuló gran caudal de votos en las elecciones pasadas.

Candidatos como el socialdemócrata Geraldo Alckim y el expresidente del Banco Central Henrique Meirelles manifiestan asimismo, con matices, su acuerdo en mantener las principales reformas del actual Ejecutivo. Apoyan las privatizaciones, las reformas al sistema de pensiones y los cambios tributarios que den más seguridad jurídica a los inversores, necesarias para la recuperación económica.

Frente a ellos destaca la retórica antiprivatizaciones del izquierdista Ciro Gomes, quien además demoniza la reforma laboral de Temer, que revocaría en caso de ganar porque "anula los derechos laborales conquistados".