Acciona, ACS y Azvi impulsan un plan privado de carreteras en Andalucía por 600 millones

Tras años en los que se han sucedido los intentos fallidos, la Junta de Andalucía ha dado un paso en firme para promover infraestructuras, tanto de transporte como sociales, mediante fórmulas de colaboración publico-privada. En este sentido, el Gobierno que preside Juan Manuel Moreno ya ha dado la aprobación preliminar para desarrollar dos autopistas en régimen de concesión de obras en la región impulsadas, a través de sendas iniciativas privadas, por Acciona, por un lado, y una alianza integrada por ACS y Azvi, por otro, según indican fuentes cercanas al Ejecutivo autonómico. La inversión conjunta de ambos proyectos supera los 600 millones de euros. Se trata, respectivamente, de la mejora de A-357 entre Málaga, Campillos y Ronda, y de la A-376 y la A-362 entre Sevilla y Utrera.

Las dos carreteras, de hecho, se suman a otras actuaciones de colaboración público-privada que ya se están promoviendo, en distintas fases, en varias localidades de Andalucía, entre las que sobresale la Ciudad de la Justicia de Jaén. Este proyecto está impulsado también a través de una iniciativa privada de Acciona, junto con la constructora andaluza Vialterra.

En un contexto en el que el desarrollo de infraestructuras en España en régimen de concesión se halla en mínimos históricos por las limitaciones a la rentabilidad que impone la Ley de desindexación de la economía española, la Junta está decidida a recurrir a la inversión privada para ejecutar infraestructuras que, en algunos casos, se han ido demorando durante años por la falta de financiación presupuestaria.

La Consejería de Hacienda de Andalucía ya ha dado en ambos casos su autorización para consignar los pagos

Por su volumen de inversión, dos de las actuaciones más relevantes atañen a la mejora de la red de carreteras autonómica. En este sentido, el Gobierno de Andalucía quiere seguir la línea emprendida por el de Aragón, que recientemente ha concretado la adjudicación de los 11 contratos concesionales incluidos en su Plan Extraordinario de Inversión en Carreteras. Un programa de colaboración público-privada para construir y/o ampliar varias carreteras en la región con un pago por disponibilidad durante los 25 años de concesión.

Es precisamente el modelo aragonés en el que se basan las propuestas que, a instancias de la Junta, han trasladado Acciona, ACS y Azvi para ejecutar dos proyectos viarios prioritarios en la Comunidad Autónoma con los que se busca descongestionar varios de los puntos de la región más críticos en tráfico.

Por un lado, Acciona ha planteado la ampliación y mejora de varios tramos de la autovía A-357, que conecta las localidades de Málaga, Campillos y Ronda. El proyecto contempla una inversión próxima a los 300 millones de euros para la ejecución de las obras, con un pago por disponibilidad para la operación y mantenimiento de la vía durante 25 años. El grupo que preside José Manuel Entrecanales está asesorado en el desarrollo de la iniciativa por Deloitte.

Mientras, ACS y Azvi han elaborado un proyecto para mejorar las conexiones entre Sevilla y Utrera que se divide en tres tramos: de la A-376, desde la A-4, a la altura de la S-30, hasta Utrera, incluyendo el soterramiento a su paso por la urbanización Montequinto; la variante de Utrera (A-376); y el mejoramiento de la A-362 en su conexión con la A-376 y Los Palacios. La inversión de las tres actuaciones, que abarca unos 40 kilómetros de carretera, rebasa los 300 millones de euros y el plan también recoge un pago por disponibilidad durante 25 años.

Acciona, por un lado, y ACS y Azvi, por otro, trasladaron el pasado verano los estudios preliminares. De acuerdo con fuentes conocedoras, la Consejería de Hacienda de Andalucía ya ha dado en ambos casos su autorización para consignar los pagos y ahora la Consejería de Fomento podrá avanzar en los procedimientos administrativos -en primer lugar con los estudios de viabilidad- para su futura licitación. En el caso del proyecto de Sevilla, la Junta tendrá que decidir si acomete con concesión las tres actuaciones, dos de ellas o solo una. La prioritaria para el Gobierno autonómico es la que recoge el soterramiento de la urbanización Montequinto.

La Junta de Andalucía también ha estudiado promover una iniciativa privada para un proyecto de carreteras en el entorno de Granada, aunque por ahora no ha avanzado.

Desarrollos de los juzgados

Al margen del ámbito viario, el Gobierno de Moreno está impulsando la colaboración público-privada en el desarrollo de los juzgados de ciudades como Jaén, Cádiz y Huelva. El más avanzado se refiere a la concesión de la Ciudad de la Justicia de Jaén, para el que Acciona y Vialterra (Pigasol) ya han elaborado el estudio de viabilidad. La inversión estimada es de 80 millones de euros. Además, en Almería se está promoviendo, a través de una iniciativa privada de la empresa murciana New Capital 2000, la construcción y posterior explotación de un aparcamiento en altura para vehículos en el Complejo Hospitalario Torrecárdenas, con una inversión de 19,5 millones.

Los planes de Aragón y Andalucía son excepción en el desarrollo de infraestructuras en concesión. La Comunidad de Madrid ha intentado en varias ocasiones ejecutar a través de la colaboración público-privada la Ciudad de la Justicia de Madrid, pero reiteradamente ha resultado inviable. A comienzos de año, dentro del proceso de licitación lanzado por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, ACS y Acciona presentaron una oferta condicionada que fue finalmente rechazada. En verano, OHLA y Azvi trasladaron una iniciativa privada para retomar el proyecto, pero el Ejecutivo regional recientemente la ha desestimado y optará por licitarlo como un contrato de obra.

La concesión de infraestructuras se ha visto reducida a la mínima expresión en la última década. Una situación agravada a raíz de la Ley de desindexación de 2015,que limita la recuperación de las inversioness. De hecho, solo en los últimos dos años, la Oficina Nacional de Evaluación (ONE), organismo adscrito al Ministerio de Hacienda, ha bloqueado proyectos de concesiones de infraestructuras y de servicios de transporte por un importe cercano a los 4.000 millones.