Pascual Fernández (AEAS): "Necesitamos un mecanismo automático de ajuste de tarifas"

Medio siglo de trabajos dedicados a la promoción de aspectos científicos, técnicos, administrativos y legales de los servicios urbanos de abastecimiento y saneamiento han conferido a AEAS una voz imprescindible en el sector.

El 75% del suelo español se encuentra en riesgo de desertificación. Este escenario obliga a pensar en nuevas alternativas como la desalación. ¿Qué potencial tiene esta tecnología?

La desalación en España está muy desarrollada y la calidad del agua desalada es perfecta por definición. Tenemos cerca de 800 desaladoras y desalobradoras que toman el agua del mar y de los acuíferos y la convierten en agua potable o apta para riego. Este procedimiento está muy extendido en las islas, Levante y Barcelona, donde se ha convertido en la fuente fundamental de suministro para la población y la agricultura, pero se seguirá aplicando allí donde haga falta.

El sector de la reutilización está muy desarrollado en España. Sin embargo, no tiene muy buena fama entre la población. ¿Cuáles son las principales barreras?

Quizá no está bien valorado porque no se conoce lo suficiente, pero se aplica desde hace mucho tiempo, especialmente en agricultura. Tanto las tecnologías como las medidas fitosanitarias que se toman para garantizar la calidad son muy elevadas.

Ahora mismo, la mayor parte del agua que se reutiliza en nuestro país es casi potable y no lo es 100% porque si la devolviéramos a los ríos en estas condiciones podría afectar al ecosistema.

España es el primer reutilizador de agua en Europa y el quinto a nivel mundial, una circunstancia que pone de manifiesto que en nuestro país no estamos mitigando los efectos de la falta de agua; estamos adaptándonos a un nuevo modelo en el cual es necesario gestionar el recurso que tenemos y darle una segunda vida.

En la agricultura este procedimiento está muy extendido, pero hay un margen significativo de mejora en el ámbito del riego urbano y en gran parte del sector industrial. Las plantas papeleras, por ejemplo, ya están utilizando agua reciclada y la industria del azulejo en Levante está estudiando cómo incorporarla a sus procesos.

"Es absurdo que un país con problemas de abastecimiento tenga el agua de las más baratas"

La asociación cifra en 4.900 millones anuales la inversión necesaria para garantizar la calidad y sostenibilidad de las infraestructuras, pero actualmente se dedica sólo la mitad. ¿Cuál sería la vía de financiación más factible para poder alcanzar un nivel que permita una gestión adecuada?

Para abordar este asunto es imprescindible señalar, en primer lugar, que es absurdo que en un país como el nuestro, donde existen problemas de abastecimiento de recursos hídricos, el agua sea de las más baratas de Europa, y la principal causa de esta situación es política.

Los ayuntamientos, que son quienes tienen las competencias para gestionar este servicio, establecen la tarifa y algunas llevan 10 años sin tocarse. Sin embargo, es necesario repercutir en el precio el coste de los servicios para gestionar las infraestructuras porque, de lo contrario, se va echando una losa encima del sistema que impide que podamos ir modernizando las infraestructuras al ritmo que lo necesitamos y muchas infraestructuras se están quedando obsoletas.

Necesitamos renovar gran parte de las potabilizadoras, las depuradoras y de la red de distribución y saneamiento pero, además, habría que añadir el coste de las nuevas tecnologías que se están incorporando.

De hecho, actualmente estamos inmersos en un importantísimo programa de digitalización del ciclo del agua que no tiene comparación con ningún otro país del mundo, pero para todo esto necesitamos unos recursos que tienen que venir de la tarifa. Hay un principio básico de la normativa europea que dice que quien contamina, paga, y en este caso quienes contaminan son los usuarios; no podemos pretender que sea el Estado quien resuelva este asunto.

Ajustar la tarifa a la realidad de los costes, ¿ayudaría a que los usuarios asumieran el valor del agua?

Las señales de demanda funcionan y eso explica por qué el agua urbana es mucho más cara en el norte de Europa, donde tienen muchos menos problemas de recursos hídricos.

En estos países se utiliza el agua como política medioambiental porque es un recurso escaso que es necesario gestionar con el mayor cuidado y cariño, y el precio es una manera de que los ciudadanos tomen conciencia y reduzcan el consumo.

No obstante, la decisión del establecimiento de la tarifa no debería tomarla el alcalde; deberíamos contar con un mecanismo capaz de ajustar automáticamente los precios a los costes.

Para incrementar el ahorro de este recurso sería necesario solucionar problemas concretos como el de las pérdidas, que actualmente rondan el 15%. ¿Qué medidas sería necesario implantar para conseguirlo?

La red española tiene una extensión enorme que abarca 250.000 kilómetros y 8.100 municipios. Con estas cifras, lo razonable sería renovarla como mínimo cada 100 años.

Estamos trabajando e invirtiendo de manera muy activa en la renovación total, pero es necesario que identifiquemos bien cuál es nuestra parte de responsabilidad en las pérdidas reales, porque nosotros gestionamos aproximadamente el 15% del agua que se consume en nuestro país y esto quiere decir que unas pérdidas del 15% equivaldrían a un 1% del total.

No hay ningún país en el mundo que tenga unas pérdidas cero y esto es algo que no debe asustarnos. La clave es que las pérdidas que gestionemos sean aceptables, razonables y adecuadas para la red que se está utilizando.

¿Y cuál sería el porcentaje adecuado de pérdidas para un país como España?

Una cifra inferior al 10% es un objetivo razonable, pero hay que tener en cuenta la longitud de la red. No es lo mismo una gran ciudad, donde la población está más concentrada, que un pequeño municipio en una zona más alejada.

¿Es viable alcanzar esta cifra?

Sí. De hecho, las fugas se han reducido de manera significativa.