El Palacio de Justicia de Gandía dispara su coste un 39% por encima de lo adjudicado

La construcción del nuevo Palacio de Justicia de Gandía, una de las grandes actuaciones en infraestructuras de la Conselleria que dirige Gabriela Bravo, está teniendo un coste mucho más alto de lo esperado en todos los sentidos. Las obras registraron ayer un accidente laboral que costó la vida a un trabajador, con lo que ya son dos los obreros que han fallecido en la construcción de este edificio público.

La trágica noticia y la segunda pérdida irreparable de una vida humana se produjo el mismo día en que el Diari Oficial desvela los sobrecostes que la Generalitat Valenciana ha aprobado para seguir adelante con el edificio. Una infraestructura cuya construcción la Conselleria delegó en el Ayuntamiento de Gandía, al que aporta el dinero necesario para llevarla a cabo, algo que en su día se argumentó que permitiría agilizar y acelerar las obras.

De hecho, el consistorio ya encargó en el año 2020 la redacción del proyecto y dirección de las obras del futuro a la UTE Remedios Fernández-Carrión García, Javier García Fernández-Carrión, por 487.025 euros, con IVA incluido.

Por su parte, las obras se adjudicaron en 2021 con un presupuesto inicial de 15,12 millones de euros con IVA incluido por el ayuntamiento en el que entonces aún era alcaldesa la ahora ministra Diana Morant. El contratista elegido fue la empresa madrileña Taller de Construcción TMR, que como publicó elEconomista.es, en 2019 había facturado 9,7 millones de euros en total, una cifra muy inferior al contrato.

En total, los trabajos necesarios para la nueva sede de los tribunales de Justicia en la capital de La Safor debían suponer en total 15,61 millones de euros, incluyendo el estudio geotécnico previo. Sin embargo, según la resolución de la Conselleria publicada ayer por el Diari Oficial de la Generalitat se ha aprobado incrementar el dinero destinado a las obras hasta los 21,68 millones de euros. Es decir un incremento del 38,8% en el coste total y más de 6 millones de euros extra.

Cambio de proyecto con obras en marcha

¿Cómo se explica este fuerte incremento? El Ayuntamiento de Gandía ha alegado varios motivos de distinto tipo, algunos más justificables que otros. Para empezar, el expediente deja en mal lugar la supuesta colaboración y agilidad entre las dos administraciones. Según revela, en junio de 2022, casi un año después de que se iniciasen las obras en septiembre de 2021, el Servicio de Proyectos de Infraestructuras Judiciales de la Subdirección General de Infraestructuras Judiciales solicitó a Gandía "un requerimiento de adaptación de distintas zonas del proyecto original con relación a las nuevas exigencias motivadas por el normal funcionamiento y organización interna del edificio".

La Conselleria obligó a realizar cambios sustanciales en el proyecto, en aspectos vinculados al subsuelo, el diseño de zonas como las necesarias para albergar a los detenidos, los acabados finales, o el rendimiento de las placas solares, entre otros, lo que llevó a la arquitecta municipal a redactar un informe en el "que se requiere añadir partidas nuevas para atender los requerimientos de la Conselleria y que las nuevas actuaciones solo pueden ejecutarse por el actual contratista ya que, cualquier cambio dificultaría la ejecución global de la obra, imposibilitaría su coordinación del resto de actuaciones y aumentaría los costes".

En medio de las conversaciones para esta modificación, el contratista TMR solicitó en octubre de 2022 una "revisión excepcional de precios" para incrementar en 607.615 euros la factura, de acuerdo al decreto aprobado para hacer frente a la fuerte subida de las materias primas en la contratación pública. Una solicitud que recibió el visto bueno de ambas administraciones.

El pasado 6 de febrero, el Ayuntamiento solicitó incrementar en 4,19 millones de euros el crédito de la Generalitat para la obra, que hasta entonces se situaba en un máximo de 17,49 millones, en el que ya se incluía esa revisión excepcional de precios y un "remanente disponible para la reinversión en la delegación de competencias" de 1,26 millones, un colchón extra para posibles sobrecostes durante la obra que, sin embargo, se quedó muy lejos del importe necesario para afrontar la modificación del proyecto exigido por la Conselleria de Justicia. El consistorio fijaba así el presupuesto máximo en 21,68 millones de euros.

Visita de Puig a las obras

Curiosamente, cuatro días antes el propio presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y la consellera de Justicia Gabriela Bravo visitaron las obras. El propio Puig cifraba ya en 21 millones de euros el coste del Palacio de Justicia, aunque sin mencionar el fuerte incremento que suponía sobre lo adjudicado.

El 13 de marzo, el ayuntamiento presentó el modificado, que supone un alza del precio del contrato de obra de 3,02 millones de euros, "lo que representa un incremento del 19,99% sobre el precio de adjudicación" según la resolución del DOGV. Casualmente la Ley de Contratación Pública establece que el importe máximo en que se puede modificar un contrato público para no infringir la ley es del 20%.

El 15 de marzo, es decir, más de un mes después de que el propio Puig y el comunicado de prensa de la Generalitat cifrase en 21,7 millones de euros la inversión del Palacio de Justicia, es cuando el departamento de Justicia que forzó la modificación emite un informe dando su visto bueno al proyecto definitivo. El documento además justifica los cambios por "necesidades no previstas" que "incluyen variaciones en las intervenciones vinculadas al subsuelo y nuevos condicionantes por parte de empresas suministradoras y organismos superiores, como las modificaciones en la envolvente exterior, exigida por el requerimiento de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Comunitat Valenciana, y la modificación en el Centro de Transformación y Seccionamiento, consecuencia de las exigencias técnicas requeridas por el Grupo Iberdrola".

En el detallado del nuevo importe de crédito concedido por Justicia además del "modificado" de las obras por 3 millones, también se incluye otro modificado del contrato de servicio de redacción y dirección de las obras, por el 19,99% del importe casualmente, que supone otros 97.405 euros adicionales. También se suma una "previsión de liquidación del contrato de obras" por otros 1,51 millones de euros. No es la única "previsión" adicional, ya que incluye otros 828.484 euros para una segunda "revisión de precios extraordinaria" e indica que se trata de una cifra estimada. 

Además, se mantiene el "remanente disponible" en 1,26 millones, lo que eleva el total a esos 21,68 millones de euros que es lo que a día de hoy se estima que costará el Palacio de Justicia con 16.000 metros cuadrados de superficie y cinco plantas de altura.