Las constructoras amenazan con dejar desiertas obras por 7.000 millones

El próximo 1 de marzo vence el mecanismo de revisión de precios en los contratos públicos de obra que el Gobierno aprobó hace casi un año, a través del Real Decreto-ley 3/2022, y las constructoras dan por hecho que el Ejecutivo no lo prorrogará.

Ante este escenario, las compañías advierten de que quedarán desiertas numerosas licitaciones, principalmente de proyectos de las comunidades autónomas y Entes Locales, ya que son las que, en general, carecen de instrumentos propios de actualización de precios. En riesgo está la viabilidad de obras públicas por más de 7.000 millones de euros.

Esta amenaza deriva de los contratos que las entidades locales y autonómicas han sacado a licitación en los últimos meses

Esta amenaza deriva de los contratos que las entidades locales y autonómicas han sacado a licitación en los últimos meses, pero que, dados los plazos de tramitación, aún no han sido formalizados. El sector apunta a que el mayor riesgo se concentra en los concursos entre noviembre pasado y febrero de este año, si bien también alcanza a una parte de las licitaciones de septiembre y octubre. Así, Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales tenían hasta noviembre 3.469 millones licitados y no contratados, por lo que deben adjudicarse y formalizarse sin plazo para acogerse al RDL. A ello se suman 3.454 millones más licitados en diciembre y enero, según los datos provisionales de Seopan. En total, por tanto, resultan 6.923 millones en licitaciones que podrían quedar desiertas al no contener fórmulas de revisión. Una cantidad a la que habría que sumar la licitación de febrero, que en 2022 ascendió a 1.074 millones. De replicarse, el importe se aproximaría a los 8.000 millones.

El sector ya dejó desiertas en 2022 alrededor de 2.000 licitaciones a pesar de que desde marzo se implantó la revisión de precios, según el cálculo de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC). Julián Núñez, presidente de Seopan, lamentó ayer que la posición del Gobierno, y más concretamente del Ministerio de Asuntos Económicos, discurra por no extender el mecanismo extraordinario de revisión de precios. Así lo atestigua, a su juicio, la falta de información al respecto a apenas dos semanas de su vencimiento. "Creemos que no hay comunicación alguna del Ministerio de Economía sencillamente porque no lo va a ampliar", señaló. Por ello, "hay licitaciones, sobre todo de las Comunidades Autónomas y Administraciones Locales, que van a quedar desiertas o semidesiertas", advirtió.

El sector reclama desde hace meses no solo que se extienda el mecanismo, sino que se suprima el tope del 20% revisable sobre el presupuesto de adjudicación y que se modifique la Ley de Contratos del Sector Público para su instauración.