La mesa de la sequía, sin nuevas medidas pese a que la situación se ha agravado desde marzo

El grupo de trabajo para el seguimiento de la sequía, convocado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, ha analizado hoy las consecuencias de la ausencia de precipitaciones en el sector agrario y ha evaluado las medidas de apoyo puestas en marcha en marzo por el Gobierno para hacer frente a la situación y que están plenamente en vigor. Es lo que recogía el orden del día. El problema es que organizaciones agrarias y comunidades como Andalucía, especialmente afectada, esperaban más. Esperaban un nuevo paquete de medidas, dado que apenas ha llovido desde la constitución de la mesa y la situación se ha agravado. La ausencia del ministro Planas en este foro ha aumentado la decepción, como ha expresado el presidente nacional de Asaja, Pedro Barato, o representantes de los regantes.

En la Comisión Permanente de Adversidades Climáticas y Medioambientales (COPAC), han participado representantes de los ministerios para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y del de Agricultura, Pesca y Alimentación, así como de las comunidades autónomas, de comunidades de regantes, de las organizaciones profesionales agrarias y de cooperativas agroalimentarias. Los participantes han valorado las medidas adoptadas por el Gobierno y han planteado su preocupación por la actual situación de sequía.

En un comunicado, el Gobierno ha informado que con el Real Decreto-Ley 4/2022, de 15 de marzo, el Gobierno "se anticipó en la aprobación de medidas de apoyo para mitigar esta situación de escasez hidrológica" lo que a su juicio "refleja el compromiso del Gobierno con el sector agrario, que juega un papel fundamental en la economía nacional".

Medidas fiscales

En el orden fiscal, los agricultores y ganaderos que tributan por el sistema de módulos -unos 800.000 en el conjunto de España- han podido beneficiarse de una reducción del 20 % en la estimación de los mismos para la declaración del IRPF de 2021.

Complementariamente, el Gobierno estableció reducciones a nivel nacional en la ganadería y el viñedo, y rebajas a nivel autonómico, provincial y municipal. Igualmente se redujeron los índices aplicables a las actividades ganaderas que alimenten el ganado con piensos y otros productos para la alimentación adquiridos a terceros y el índice aplicable a los cultivos en tierras de regadío que utilicen electricidad. En total, la reducción de la base imponible se estima en 1.016 millones de euros. De cara al ejercicio fiscal del año 2022, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) recogerá en su informe para Hacienda los efectos de la sequía en este año.

Entre las medidas en vigor cabe destacar también la exención del pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de naturaleza rústica para las explotaciones que cumplan determinados requisitos.

Subvenciones

Además, entre las medidas de prórroga del plan de ayudas por las consecuencias de la guerra de Rusia en Ucrania está el incremento de la subvención al seguro agrario y que se ha traducido en un incremento de 60 millones de euros, lo que permite aumentar en 10 puntos la subvención base, es decir, la que reciben todos los asegurados, según la modalidad elegida en el momento de la contratación. Esta subvención se aplicará en aquellas líneas que inicien la contratación entre el 1 de septiembre de 2022 y el 31 de agosto de 2023. Algunos colectivos como el de los agricultores jóvenes tendrán una subvención próxima al 65 % sobre el coste de la prima, máximo permitido por la normativa comunitaria sobre ayudas estatales.

En materia laboral y social, el Gobierno ha concedido aplazamientos en el pago de las cuotas de la Seguridad Social y de recaudación conjunta que han sido prorrogados sucesivamente, de forma que se puede solicitar para las cuotas devengadas hasta septiembre de 2022 para las empresas incluidas en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios, y hasta octubre de 2022 para los trabajadores incluidos en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios.

También se ha reducido, de 35 a 20, el número mínimo de jornadas reales cotizadas para acceder al subsidio por desempleo o a la renta agraria a favor de trabajadores eventuales agrarios residentes en Andalucía y Extremadura.

Créditos

El Gobierno también ha establecido una línea, de 12 millones de euros, para apoyar la financiación de empresas del sector y que se ampliaron posteriormente hasta 24,7 millones de euros por acuerdo del Consejo de Ministros el 25 de junio. Igualmente se ha ampliado el plazo para la solicitud de estos créditos favorables hasta el 1 de mayo de 2023.

Esta ampliación responde a la fuerte demanda del sector a estas medidas de apoyo, fruto del convenio entre el MAPA, el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA) y que desde el 20 de mayo ya han vehiculado operaciones financieras por más de 100 millones de euros. El plazo aún está abierto.

El presupuesto de la línea ICO-MAPA-SAECA se ha ampliado en 10 millones de euros, y se elevó a 20 millones de euros, con lo que aumenta el potencial de créditos subvencionados hasta 220 millones de euros aproximadamente. Esta ayuda consiste, para las explotaciones agrícolas, en la bonificación del 7 % del principal de los préstamos, con una cuantía máxima de 10.000 euros por beneficiario. En el caso de las explotaciones ganaderas, la bonificación asciende al 10 %. Se financian préstamos de hasta 100.000 euros, con un plazo de hasta 15 años, con periodos de carencia de hasta 3 años, según la duración del préstamo.

Igualmente se incrementó en 2 millones de euros el presupuesto de la línea de subvención de avales de SAECA, con lo que esta línea de apoyo alcanza un importe total de 4,7 millones de euros. El potencial de la línea aumenta así hasta 120 millones de euros de crédito subvencionado y 3.400 beneficiarios.

El decreto de sequía prevé actuaciones sobre el precio del agua desalada

El Real Decreto-ley 4/2022 también prevé actuaciones sobre el coste del agua procedente de desaladoras de titularidad de la Administración General del Estado y medida urgentes para paliar los efectos de la sequía en las cuencas hidrográficas del Guadalquivir y del Guadiana, las que presentan un mayor déficit de reservas debido a la prolongada situación de sequía.

Críticas andaluzas

La consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, ha señalado que el encuentro ha "defraudado" las expectativas de la Junta de Andalucía, que ha demandado al Ejecutivo central "compromiso"  y "nuevas medidas".

La titular andaluza de Agricultura ha resaltado que la Junta ha activado dos decretos de sequía con medidas por "un importe de 141 millones de euros" para el 33 por ciento de las cuencas, que son de su competencia, si bien necesita del "auxilio del Gobierno de España" para la zona que depende de su gestión, un 67 por ciento del total.

Sobre las medidas implementadas por el Ejecutivo central, ha criticado que el decreto relativo a la cuenca del Guadalquivir conlleve un importe de 9,6 millones de euros, en un momento en que los embalses de Andalucía tienen una media de "26 por ciento en estos momentos" de su capacidad.

Peticiones

Las peticiones de la Junta en este contexto pasan por la doble tarifa eléctrica para el regante, la bonificación del agua desalada, la bajada de los impuestos a los agricultores, y la reprogramación de los fondos Next Generation, pues, de lo contrario, está "en desventaja gran parte de España" y sobre todo "la parte del sur del sur más seca".

Ha incidido asimismo en su petición de que se comience o se dote de un ritmo más ágil a infraestructuras de interés del Estado en la comunidad pendientes.

Desde organizaciones como Asaja se asegura que si no hay medidas de choque se verán abocados a movilizarse.