Destapábamos el pasado 25 de octubre que Eugenia Martínez de Irujo había citada por el juez como imputada por un delito contra el medio ambiente. En un primer momento, al asunto trataron de quitarle importancia. La hija de la duquesa de Alba se apresuró a comentar que ella no tiene nada que ver, argumentando que la presidencia de la sociedad familiar que ella ostenta recae en ella por una cuestión rotatoria pero nos preguntamos si durante estos años, en los que se presuntamente se extraía agua de unos pozos supuestamente ilegales, ella recibía como socia los dineros obtenidos.
La batalla de la mujer de Narcís Rebollo se juega ahora en dos frentes: de cara a la Justicia y el proceso abierto y también en el seno de los Alba, enfrentados y en pie de guerra echándose las culpas unos a otros de lo ocurrido. La relación de Cayetano Martínez de Irujo con sus hermanos, una vez más, se ha complicado.
De hecho, se ha publicado que Eugenia declarará contra su propio hermano por la construcción de pozos ilegales, lo cual, lógicamente, contribuye al distanciamiento (que ya era evidente). Los hermanos de Cayetano le señalan por su mala gestión empresarial pero el duque de Arjona se defiende y expone sus propios argumentos. "Que den la cara. ¿Ahora qué pasa con los pozos?", decía el novio de Bárbara Mirjan.
Mientras tanto, se estrecha el cerco contra los propietarios del latifundio de marras y un testigo se expresa así al hablar de lo sucedido: "Los pozos ilegales se construyeron de noche para que no se viera". Hace días adelantábamos en Informalia que el escándalo de los pozos que enfrenta a los Alba comenzó con un despido "arbitrario" e "injusto".
La postura de Cayetano señala a su hermano Alfonso, a su sobrino Luis, actual gestor del negocio agrícola puesto en cuestión con la justicia y que, según las fuentes consultadas, puede acabar con una cuantiosa multa que podría llegar a los 4 millones de euros, sin perjuicio de otras sanciones de carácter penal. Recordemos que tras las denuncias y fue la guardia civil y la propiedad no les permitió la entrada. Ahora se han precintado los pozos y expertos juristas consultados por este portal coinciden en que lo más probable es que como mínimo vaya a haber una contundente sanción.
Recordemos que en vida de la duquesa de Alba, de cuyo fallecimiento se cumplen 9 años el próximo 20 de noviembre, Cayetano se encargaba de la dirección de la mayoría de los negocios agrícolas de la aristocrática familia. El ex de Genoveva Casanova afirma que en el tiempo en que él estuvo al frente de la gestión puso en marcha los tramites para legalizar las posibles irregularidades.
Un trabajador despedido en el origen de la denuncia
El escándalo de los pozos ilegales encontrados en la finca de la familia Alba llamada Aljóbar, en la localidad sevillana de Aznalcázar, va a suponer además un calvario mediático para los propietarios, especialmente para los más mediáticos. Eugenia Martínez de Irujo trató de zanjar el desagradable asunto con el comunicado de hace unos días, en el que aseguraba que la finca en la que se la presentaba como propietaria y responsable de las extracciones ilegales de agua, no es suya, sino de una sociedad en la que la presidencia es rotatoria y cada cierto tiempo le corresponde a ella, ajena sin embargo a la gestión de esas tierras. Pero esa explicación no la exonera en principio de sus responsabilidades ya que, probablemente, cobrara su parte de unos beneficios presuntamente obtenidos por métodos prohibidos, además de perjudicar al medio ambiente.
Los verdaderos motivos que ocasionaron la denuncia también tienen que ver con venganzas o despechos hacia los propietarios. Antes de señalan a Cayetano, parte de los Alba culparon del origen de la denuncia a Luis Martínez de Irujo y Hohenlohe, hijo de Alfonso Martínez de Irujo (arriba), duque de Hijar, segundo de los vástagos de Cayetana y verdadero responsable de la gestión de la finca en cuestión.
35 años al servicio de los Alba
Luis Martínez de Irujo despidió al gerente que estaba al frente de las tierras desde hace 35 años. Lo hizo, según ha podido recabar este digital, "de una forma arbitraria y hasta injusta", según describen fuentes familiares. Este trabajador, tras haber perdido su trabajo sin causa sólida, considera, siempre según las mismas fuentes, que los propietarios para los que se esforzó durante tres décadas y media, actuaron con "prepotencia". Nos cuentan que él fue el instigador de la denuncia, con las consecuencias que ahora salpican al resto la familia. Cayetano, Eugenia y Fernando son simples accionistas minoritarios de Aljóbar, sin vinculación alguna con la gestión, pero su nombre puede seguir apareciendo en el sumario judicial, y todo indica que no están nada cómodos cuando son señalados por la torpeza de su sobrino. Luis Martínez de Irujo y Hohenlohe está casado desde hace siete años con Adriana Marín Huarte, sobrina nieta de Felipe Huarte, empresario navarro secuestrado por ETA el 16 de enero de 1973.
