Es el fin de una rebelión. Apenas catorce meses después de protagonizar un cisma sin precedentes en el siglo XXI, las religiosas del monasterio de Belorado afrontan lo que parece ser el desenlace definitivo de su disputa con la Iglesia Católica. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 3 de Burgos ha fijado para el próximo 12 de septiembre la fecha del lanzamiento judicial que obligará a las monjas cismáticas a abandonar el convento que han ocupado desde mayo de 2024, pese a haber sido excomulgadas y expulsadas de su orden.
El desahucio no resolverá todos los problemas —ni de las religiosas ni de la Iglesia—, pero marcará el final de una etapa que ha puesto a prueba la paciencia de Roma, la pericia de los jueces y la resistencia del sentido común. A falta de un nuevo milagro o de un giro judicial imprevisto, el capítulo de las monjas de Belorado está a punto de cerrarse. Al menos, en Burgos. Porque en Arriondas, puede que la historia solo esté empezando.
Este episodio, que comenzó como un conflicto teológico, ha ido evolucionando en los últimos meses hacia un embrollo jurídico, patrimonial y humano que ha captado la atención de la opinión pública. La cuestión central es simple pero cargada de implicaciones: ¿puede un grupo de religiosas que ha abandonado voluntariamente la Iglesia Católica seguir utilizando bienes que pertenecen canónicamente a la misma?
El origen del conflicto
Todo comenzó el 8 de mayo de 2024, cuando las religiosas de Belorado difundieron un manifiesto en el que se adherían a la corriente sedevacantista, negando la legitimidad de todos los papas desde Pío XII, fallecido en 1958. En su texto, acusaban a los sucesivos pontífices de herejía y se ponían bajo la tutela del autodenominado obispo Pablo de Rojas, excomulgado en 2019. La ruptura fue tan tajante como inesperada, y su repercusión se multiplicó por el carácter insólito del gesto y por la firme respuesta de la Iglesia.
Tras la intervención del arzobispo de Burgos, Mario Iceta, como comisario pontificio, se abrió una batalla legal que todavía colea. Las monjas han intentado retrasar su desalojo con múltiples recursos judiciales, recusaciones de jueces y denuncias contra el propio Iceta, pero todas sus estrategias han terminado por estrellarse contra los límites legales.
El abogado de las religiosas, Florentino Aláez, ha asegurado que recurrirá la vista oral prevista para el 29 de julio si resulta favorable al desahucio y ha vuelto a poner en duda la legitimidad del arzobispo como administrador de los bienes. No obstante, pocas voces en el ámbito judicial creen que alguna de estas maniobras vaya a impedir el desalojo definitivo.
¿Y ahora, qué?
El destino inmediato de las religiosas cismáticas es incierto. Hasta ahora, su única vía de escape parece ser el hotel-restaurante "El Chicu", ubicado en Arriondas (Asturias), donde se han instalado tres de las nueve monjas para intentar abrir un negocio que genere ingresos para la comunidad. Sin embargo, el inmueble difícilmente puede acoger a todas, y no hay indicios claros de que estén en condiciones de asumir colectivamente una nueva vida fuera del monasterio.
Aun así, quienes las conocen no descartan que vuelvan a sorprender. Durante este año de conflicto, han demostrado una notable capacidad para adaptarse a la adversidad, recurriendo a todo tipo de tácticas para mantenerse en su posición. Desde alquilar espacios sin los permisos necesarios hasta vender oro que formaba parte del patrimonio eclesiástico, han actuado como si el convento fuera suyo, ignorando reiteradamente los requerimientos tanto civiles como eclesiásticos.
Una de las operaciones más controvertidas fue la venta de 1,7 kilos de oro en lingotes, adquiridos por la comunidad en 2020 como inversión, antes de que se produjera el cisma. La transacción, valorada en más de 130.000 euros, se realizó sin autorización de la Iglesia, que considera que ese oro forma parte de su patrimonio. Los fondos habrían sido usados, según Aláez, para saldar deudas y mantener la vida cotidiana de las religiosas.
Una comunidad fragmentada
El caso de Belorado no solo es legalmente complejo, también está teñido de drama humano. Cinco de las religiosas, todas de edad avanzada, se negaron a firmar el manifiesto sedevacantista y, por tanto, continúan siendo oficialmente miembros de la Iglesia. Sin embargo, han permanecido conviviendo con las monjas cismáticas, una situación que se torna insostenible a medida que se acerca la fecha del desalojo.
Según fuentes cercanas a la comunidad, estas religiosas han vivido meses de aislamiento interno. Una de ellas, sor Amparo, abandonó voluntariamente el convento hace meses. "Me fui con un gran dolor, cogiendo mi rosario y sin mirar atrás", declaró en su día. Otra religiosa también se marchó tras un conflicto interno.
El propio testimonio de la exabadesa, sor Isabel de la Trinidad, refleja una mezcla de convicción y desazón. "Es verdad que la ruptura la hemos hecho nosotras, pero nunca pensamos que nadie nos volvería a hablar", confesó en el primer aniversario del cisma. Sus palabras apuntan a un sentimiento de desarraigo que se verá intensificado cuando abandonen definitivamente el lugar que durante años fue su hogar.
Un caso sin precedentes
El de Belorado es un episodio sin comparación reciente en la historia de la Iglesia española. El cisma protagonizado por estas clarisas ha combinado elementos teológicos, jurídicos, económicos y mediáticos de forma explosiva. También ha abierto una reflexión incómoda en la Iglesia sobre la gestión del patrimonio, la supervisión de comunidades religiosas y la fragilidad de ciertas vocaciones en contextos de aislamiento.