Novedades sobre el novio de Ayuso: los misteriosos robos y allanamientos que rodean a sus abogados

Este lunes conocimos que Alberto González Amador, el novio de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, pidió aplazar su declaración ante la jueza que le investiga por la comisión de dos presuntos delitos fiscales y otro de falsedad documental aludiendo a un viaje profesional a Estados Unidos entre el 4 y el 8 de febrero y otro a México del 8 al 12. Su declaración estaba prevista para el 7 de febrero. En las últimas horas han habido novedades.

Estas novedades están relacionadas con sus abogados. Se ha conocido que la Guardia Civil investiga el robo de un ordenador y el allanamiento en las casas de sus abogados, en concreto en los hogares de dos de sus tres letrados, como adelanta El Confidencial.

A una de las abogadas, Guadalupe Sánchez, presuntamente le robaron su ordenador de trabajo. En su denuncia, no relacionó el robo con su relación profesional con el novio de Ayuso, pero el viernes la amplió al tener conocicimiento del allanamiento que sufrió el otro letrado en cuestión, Carlos Neira.

Este último, por su parte, ya denunció anteriormente haber sufrido un hackeo informático de su correo electrónico profesional y personal, algo de lo que hay diligencias abiertas en el Juzgado de Instrucción 41 de Madrid del juez Juan Carlos Peinado, quien lleva la investigación contra Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez. No obstante, cuando allanaron su hogar no robaron nada.

La Guardia Civil, al mismo tiempo, también investiga la entrada en la segunda residencia del arquitecto que reformó el ático donde viven Alberto e Isabel y la apertura del vehículo del propio novio de la política mientras el coche estaba aparcado en su lugar de trabajo, el pasado 4 de diciembre y sin llevarse las tarjetas de crédito o el efectivo que Alberto tenía en el vehículo.

Alberto González sale con la presidenta de la comunidad de Madrid desde el 2021, convirtiéndose los dos incluso en portadas de revistas del cuore y objetivo de paparazzis. Desde hace meses está en el ojo del huracán por eludir, presuntamente, el pago de 350.951 euros a Hacienda a partir de un entramado de facturas falsas y empresas pantalla. La presidenta de la CAM lo defiende con uñas y dientes asegurando que es otra víctima más de la persecución política a la que se ve sometida, pero lo cierto es que el técnico sanitario pactó con la Fiscalía una pena de ocho meses de cárcel y una multa de 525.000 euros para evitar el juicio por fraude fiscal y falsedad documental.

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