La duquesa de Montoro ha sido citada a declarar como investigada por un delito contra el medio ambiente por la utilización de ocho pozos clandestinos en una finca de 200 hectáreas junto al Parque Nacional de Doñana. La empresa responsable es Eurotécnica Agraria, cuya presidencia rota cada cierto tiempo entre todos los hermanos. Durante la supuesta infracción, Eugenia Martínez de Irujo figura como responsable, pero ella ya se ha defendido: "Esa finca no es de mi propiedad y no tengo ningún vínculo ni responsabilidad con ella". Ahora, es la Casa de Alba la que respalda a la benjamina, afirmando que la gestión de la misma recae únicamente en su sobrino, Luis Martínez de Irujo.
En un comunicado enviado este miércoles, la Casa de Alba desvincula a Eugenia de la gestión de la mercantil ("no ha participado nunca en la gestión de la explotación") y responsabiliza de la misma a Luis Martínez de Irujo: "Es el miembro del consejo responsable de la gestión de la finca Aljóbar".
Asimismo, niegan las acusaciones de la Fiscalía de Medio Ambiente: "En ningún momento ha superado el volumen máximo aprobado por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG)". Añaden: "La sociedad no ha dañado en ningún momento el dominio público, ya que la finca Aljóbar está fuera del acuífero de Doñana". Y rematan: "La propiedad siempre ha facilitado el acceso de las autoridades a la finca para supervisar los sistemas de riego y procedió a la inutilización de los pozos en cuanto recibió el auto judicial".
Eurotécnica Agraria defiende, además, que cuenta "con una autorización de riego mediante pozos de 606.000 metros cúbicos de agua por año y almacenamiento de las aguas extraídas en una balsa privada de 304.000 metros cúbicos de agua al año, con autorización para regar 200 hectáreas", mientras que la actualidad "se riegan 122 hectáreas de naranjos con sistema de riego por goteo autorizado por la CHG merced a una sentencia, una superficie menor a la autorizada en la inscripción de aguas privadas de la finca".
Asegura también que en julio "se presentó una propuesta a la CHG para una reducción de la superficie cultivada de la finca, transformación de la plantación a un cultivo mixto y adaptación de las dotaciones de riego a las necesidades de los nuevos cultivos conforme al Plan Hidrológico del Guadalquivir". Y finaliza: "La finca Aljóbar cuenta con sistemas tecnológicos de control de la cantidad de agua utilizada para el riego y que dispone además de un contador volumétrico a la salida de la balsa en el cabezal de riego que confirma el volumen de agua extraído, que en ningún momento ha superado el volumen máximo aprobado por la CHG".
Un delito contra el Medio Ambiente
La denuncia de la Fiscalía viene a decir que los ocho pozos irregulares de la Finca sevillana de Aljóbar, en Aznalcázar (Sevilla), han dañado durante al menos una década una masa de agua subterránea muy próxima a la reserva, por lo que el Seprona de la Guardia Civil acudió este verano para frenar las extracciones. La Fiscalía sostiene que los Alba incurrieron en un delito de desobediencia al impedir el paso a la finca a los agentes del Seprona y técnicos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir cuando acudieron a cerrar los pozos el pasado 12 de junio.
Alfonso Martínez de Irujo, que gestiona la finca junto a su hijo Luis, admite que no inscribió los pozos y que hay "más de los debidos". "No es ilegal, aunque debí haber priorizado este tema", ha reconocido el duque de Híjar, quien ha presentado un escrito en el juzgado para que en vez de su hermana declare como investigado su hijo, gerente de la finca los últimos años.
