ArcelorMittal paraliza una inversión de 100 millones de euros en Avilés
- Acude al Tribunal Supremo contra las subastas de interrumpibilidad
- La denuncia se suma a la de la patronal del sector y la del cemento
ArcelorMittal ha dado un paso adelante y se suma a la guerra contra la subasta del servicio de interrumpibilidad. La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo aceptó el pasado 26 de noviembre la admisión a trámite de un nuevo recurso contra este procedimiento que consideran que no les permite tener una previsibilidad sobre sus presupuestos al desconocerse los ingresos que se van a lograr cada año.
La denuncia se admite apenas unos días después de que se celebrara la primera de las subastas por parte de Red Eléctrica en la que empresas como Alcoa no han podido conseguir los ingresos suficientes por este servicio de 'seguro eléctrico' que proporcionan a REE para el sistema y que les permite abaratar su coste de la energía. Alcoa, de hecho, ya ha anunciado que cerrará sus plantas de La Coruña y Avilés si no consigue unos mayores ingresos, una decisión que el Gobierno desliga completamente del resultado de dicha subasta.
Otras denuncias
La denuncia de Arcelor se suma a las ya presentadas hace unos meses por la patronal del sector, Unesid; así como por la patronal del cemento, Oficemen, y por dos empresas andaluzas, Siderurgia Sevillana y Megasa, este pasado verano.
El juzgado ha dado nueve días para que se persone cualquier interesado en esta casusa, que se suma a las más de 40 que han presentado las eléctricas contra la reforma energética o a las casi 300 que llevan las renovables, entre las que también se incluyen varias en contra del propio servicio de interrumpibilidad.
Arcelor Mittal comunicó a los sindicatos a finales de esta pasada semana su decisión de paralizar las inversiones en la planta de Avilés hasta que se celebre la segunda subasta del servicio de interrumpibilidad anunciada por el Gobierno. La compañía tiene un proyecto valorado en cien millones que mejoraría la situación de esta instalación -con 25 años de antigüedad- en un momento en el que además los sindicatos han aceptado prorrogar el ERE existente durante dos años más.
Alcoa logró en la subasta alrededor de 100 millones, pero la empresa quiere conseguir una cifra similar a la registrada en el 2013, pero el sector vigila atentamente porque no quieren que sirva de excusa para obtener mejores condiciones que en la primera. Un total de 26 empresas se quedaron fuera de la misma y no lograron adjudicarse ningún bloque (cantidades de energía a dejar de consumir que fueron subastadas).
De hecho, Ferroatlántica ya ha amenazado con tomar medidas, pero no es la única prácticamente todas las compañías que resultaron adjudicatarias en la primera convocatoria seguirán de cerca la segunda subasta para que se respeten las condiciones de mercado.
Soluciones propuestas
La Comisión Nacional de Mercados y Competencia está preparando un informe en el que tendrán que detallar las soluciones propuestas para esta próxima subasta. Por el momento, se espera que en la segunda edición tengan únicamente bloques de 5MW, ya que de abrirse la opción de 90 MW únicamente podría concurrir Alcoa, sin competencia de precio.
A la 'fiesta' se suman también las patronales de renovables que están dispuestas a llevar este sistema ante Bruselas y que alertan sobre la realización de una segunda subasta, que consideran innecesaria.
El propio ministro de Industria, José Manuel Soria, reconoció el pasado viernes que el cambio del anterior sistema en el que las compañías electrointensivas recibían 550 millones al actual de subastas se trataba de un intento por evitar situaciones como las vividas en Italia, donde Alcoa fue multada con 300 millones de euros por recibir este tipo de incentivos.