La fuga de chatarra hacia EEUU pone en jaque al sector del aluminio en España

La decisión de Estados Unidos de mantener libre de aranceles la importación de chatarra de aluminio europea está generando un fuerte impacto negativo en el mercado, especialmente en países como Alemania y España. Esta política, que contrasta con los elevados gravámenes que se han impuesto al aluminio primario y a otros productos derivados, ha impulsado una fuga masiva de chatarra hacia Norteamérica, provocando una creciente escasez y disparando los precios a niveles récord.

El mercado español enfrenta ya las consecuencias directas de esta situación, con una significativa reducción de existencias que amenazan la viabilidad del sector. En concreto, el precio medio de la chatarra de aluminio en España se sitúa actualmente en 1.770 euros por tonelada métrica, lo que supone uno de los niveles más elevados de los últimos años por la creciente demanda de EEUU, pero también de un buen número de países asiáticos como China, India, Vietnam, Malasia o Tailandia.

Prácticamente todos estos países tienen aranceles y cupos para limitar la exportación de chatarras desde sus países, pero no tienen ningún arancel de importación.

Precisamente, el aluminio secundario se ha consolidado como una alternativa ecológica clave para el futuro del sector, dado que su producción consume apenas un 5% de la energía utilizada para la fabricación de aluminio primario. En 2020, España produjo unas 264.000 toneladas métricas, situándose como el décimo mayor productor mundial. Las proyecciones apuntan a un crecimiento sostenido del mercado global del aluminio reciclado, que podría pasar de los 5.600 millones de dólares en 2021 a los 25.120 millones en 2030, gracias a una tasa anual compuesta de crecimiento del 8,16%.

Sin embargo, la falta de control sobre la exportación de chatarra amenaza gravemente la viabilidad de la economía circular europea. Expertos del World Economic Forum destacan que, aunque el reciclaje es menos costoso que las inversiones para reducir emisiones directas o desarrollar nuevas tecnologías, su éxito depende de una disponibilidad suficiente de chatarra. Esta disponibilidad está ahora seriamente comprometida por la competencia internacional.

En este contexto, S&P Global Commodity Insights subraya la importancia de una mayor transparencia en los mercados estadounidenses para reducir la incertidumbre comercial y geopolítica. La industria española y la alemana exigen medidas urgentes a la Unión Europea, incluyendo la imposición inmediata de aranceles a las exportaciones de chatarra hacia EE.UU., para proteger la economía circular, garantizar la sostenibilidad del sector y mantener su competitividad internacional.

La industria española del aluminio, con casi un siglo de trayectoria desde la creación de su primera planta en Sabiñánigo en 1927, atraviesa un momento crítico. Tras sucesivas ampliaciones en Valladolid (1949), Avilés (1950), La Coruña (finales de los años 50) y San Ciprián (1977), el sector se consolidó como una pieza clave de la economía nacional. En 1998, la estadounidense Alcoa adquirió Inespal, reforzando aún más la capacidad productiva nacional, que actualmente combina aluminio primario, extraído de bauxita, y aluminio secundario, producido mediante reciclaje.

La capacidad de producción de aluminio primario llegó a ser de 500.000 toneladas/año pero hoy es prácticamente nula por estar prácticamente parada la planta de San Ciprian y todo el aluminio primario que se utiliza es importado.

Con este peligroso escenario, Bruselas contempla evaluar la posibilidad de establecer reglas de reciprocidad. De hecho, el sector ya ha trasladado sus peticiones a la comisaria Teresa Ribera. Sin embargo, esta batería de acciones podría llegar demasiado tarde para numerosas empresas españolas, que ya experimentan importantes dificultades debido a la escasez de chatarra y han tenido que parar producción.

Las exportaciones de chatarra de aluminio desde la UE alcanzaron un máximo histórico de 1,27 millones de toneladas, y la pérdida de estos recursos estratégicos beneficia principalmente a aquellos países que ofrecen condiciones comerciales y regulatorias más favorables para su adquisición.