Industria
Celsa y Francesc Rubiralta se citan el 16 de junio por un pleito de 500 millones
- El juzgado de lo mercantil pone fecha al juicio tras celebrar la audiencia previa este febrero
- La nueva propiedad denuncia el uso de fondos de la siderúrgica en las patrimoniales de la familia Rubiralta
- La junta aprobó presentar una acción social de responsabilidad contra el expresidente
Carles Huguet
Barcelona,
El juzgado de lo mercantil número 5 de Barcelona pone fecha al juicio entre Celsa y Rubiralta: el próximo 16 de junio. La demanda presentada por la nueva propiedad de la siderúrgica por una reclamación de 539 millones de euros en préstamos incobrables avanza en los tribunales tras ser aprobada por la junta de la compañía en junio del año pasado.
Según explican fuentes judiciales a elEconomista.es, el magistrado Florencio Molina señaló para el 16 de junio el juicio tras haberse celebrado el pasado 3 de febrero la audiencia previa del caso. En ella, ambas partes confirmaron sus posicionamientos sobre la acción social de responsabilidad impulsada por la nueva propiedad de la compañía.
Ahora las defensas de ambas partes; Gómez-Acebo & Pombo, en el caso de Celsa, y Cortés Abogados, en el caso de Rubiralta –que reside actualmente en Nueva Zelanda-; dispondrán de cuatro meses antes del juicio.
En el caso de la siderúrgica, su posicionamiento ya quedó claro en la junta de accionistas del pasado junio, cuando aprobó inicial el procedimiento judicial contra su expresidente "por eventuales responsabilidades acaecidas en los años que ejerció como administrador de la sociedad".
El nuevo presidente de la firma, Rafael Villaseca, ya había advertido de ello en la presentación de resultados. Puso el foco en los créditos concedidos a las compañías patrimoniales de la familia, hoy liquidadas. "El consejo de administración tiene la responsabilidad de hacer lo posible para recuperar estos préstamos", dijo. La cantidad adeudada asciende a 539 millones y se considera incobrable debido a que las sociedades no tienen activos y el juez las mandó a liquidación el pasado mes de abril.
Además, parte de esta cantidad correspondería, según El Confidencial, a dinero extraído de la caja del grupo en el momento en el que Celsa y Werfen se separaron, quedando cada una en manos de una rama de la familia. Como la empresa farmacéutica tenía menos valor se le compensó con una cantidad en efectivo procedente de las arcas de la empresa industrial.
Según el mismo medio, la acción social de responsabilidad se apoya en un informe pericial elaborado por KPMG y otro de FTI Consulting –que trabajó para los fondos en el traspaso de la compañía- sobre un presunto borrado de datos informáticos.
El procedimiento se dirige únicamente contra Francesc Rubiralta, que fue presidente de la siderúrgica entre 2010 y 2023. Sin embargo, la separación de Werfen y Celsa, por ejemplo, se firmó en 2006. Fuentes consultadas por este medio enmarcan también la concesión de créditos de la empresa a las patrimoniales en las constantes refinanciaciones que la organización afrontó a lo largo de la última década con los bancos.