Colectivos contra Altri denuncian maniobras de la Xunta para eliminar parte de las 23.000 alegaciones

La Plataforma Ulloa Viva y la Plataforma en Defensa da Ría de Arousa denuncian una "maniobra antidemocrática" por parte de la Xunta con el objetivo de eliminar parte de las "históricas" 23.000 alegaciones que colectivos y particulares presentaron a principios de año contra el proyecto de Altri en Palas de Rei (Lugo), una "macrocelulosa" que se ubicará en el corazón de Galicia.

Los portavoces de ambos colectivos, Zeltia Laya y Xocas Rubido, han advertido al Gobierno gallego de que "no podrá callar a todo un país", lema con el que volverán a salir a las calles "con el objetivo de llenar Santiago de Compostela" con una nueva movilización el próximo 15 de diciembre.

Acompañados por representantes de la CIG, el Sindicato Labrego Galego y Adega, explicaron que la Consellería de Industria, está enviando requerimientos a asociaciones y ciudadanos en los que insta a justificar la afectación, con el objeto de "alejar" a estas personas y colectivos del proceso de alegaciones.

Rubido cree que "es evidente que con este movimiento que acaba de hacer la Xunta lo que pretende es un objetivo político: alejarnos, eliminar a una buena parte de esas 23.000 personas que alegamos en su día contra este proyecto y contra el de captación y vertido de aguas", dijo.

Un objetivo "claramente antidemocrático" que pretende, según Rubido coartar la participación ciudadana en los procesos ambientales y lo enmarca dentro de la línea de actuación de la Xunta.

Además, ha censurado, que incluye un "mensaje subliminal": trasladar que el problema de Altri solo es de la zona estrictamente afectada físicamente por la ocupación del territorio. "Cuando todos sabemos que tanto el aire como el agua son autopistas de transmisión de la contaminación", ha evidenciado.

"Todas las actividades se van a degradar porque es evidente que el río se va a degradar", ha incidido el portavoz de esta plataforma, quien, detrás de todo esto, ve la intención del Gobierno gallego de "aplastar los sectores productivos de Galicia: el agroganadero, el pesquero y el marisquero.

Campaña

En este contexto, la portavoz de la plataforma Ulloa Viva ha animado a la ciudadanía a que responda a estos requerimientos. Con una campaña, estos colectivos asesorarán para dar respuesta en demanda de que se dé cumplimiento a la ley y ser "reconocidas como interesadas" en este procedimiento administrativo.

La campaña incluye la disposición a la ciudadanía de una carpeta con información y con la posibilidad de descargar modelos de alegación, "para agilizar esta respuesta". Invitan a apelar a derechos "reconocidos en la Constitución" como el ambiental, el derecho a la vida, a la salud y a la integridad física, entre otros.

Hay 23.000 alegaciones que "deben verse reforzadas", a juicio de Laya, tras este proceso, en el que ven "cierta anomalía" y que establece 10 días para responder al requerimiento. Con el lema 'La Xunta no podrá callar a todo un país.

'Altri no', la campaña concluirá el 15 de diciembre con una nueva manifestación en la capital gallega, para "volver a recordar que el país entero está en contra de esta macrocelulosa".

Sobre esta "anomalía" de los requerimientos, Rubido ha sido claro al ver que la Xunta "utiliza subterfugios legales para eliminar la participación ciudadana", en una "maniobra antidemocrática" con la que lo que quiere es eliminar 20.000 de las 23.000 alegaciones presentadas.